Por Claudia Molina B. | Factos
El 29 de enero de 2025, la empresa Transportes Aéreos San Rafael S.A. presentó una acción judicial de impugnación contra el Servicio de Salud del Reloncaví (SSR), tras la declaración de inadmisibilidad de su oferta en la licitación pública ID 1057536-138-LR24, destinada a contratar servicios de transporte aeromédico. En su presentación, San Rafael alegó irregularidades, arbitrariedad y trato desigual por parte del organismo licitante.
Sin embargo, un análisis detallado de los antecedentes de la empresa y de los incumplimientos detectados en su oferta cuestiona la legitimidad de estos reclamos. Al mismo tiempo, evidencia un patrón operativo que ya ha sido objeto de controversia en otras regiones del país, particularmente en Aysén.
Boletas de garantía: un requisito incumplido
Uno de los aspectos más sensibles en los procesos de contratación pública es la presentación de boletas de garantía. Estos documentos no solo acreditan la seriedad de la oferta, sino que también respaldan el cumplimiento contractual.
En esta licitación, San Rafael presentó boletas que no cumplían con los requisitos exigidos en las bases administrativas. Según el acta de evaluación, las boletas carecían de precisión sobre su vigencia efectiva y condiciones de cobro, lo que las hacía insuficientes como garantía real.
Mientras otras empresas participantes presentaron documentos conformes, la oferta de San Rafael fue excluida conforme a las propias reglas del proceso, lo que refuta la acusación de trato desigual. Pretender revertir esta decisión bajo ese argumento no solo resulta infundado, sino que desvía la atención de un incumplimiento objetivo y documentado.
Pólizas de seguro: omisiones graves y ocultamiento de información crítica
Más delicada aún es la situación en torno a las pólizas de seguros. La empresa entregó documentos incompletos, sin información clave como el valor de la prima, vigencia clara o la identificación de las personas aseguradas. Esta omisión impidió evaluar la validez y el alcance real de la cobertura, elemento esencial en un servicio de transporte aeromédico.
Se trata de un incumplimiento grave que compromete la transparencia, la seguridad de los pacientes y la evaluación técnica. Además, no es la primera vez que San Rafael presenta este tipo de omisiones, lo que revela un patrón.
Sin embargo, la Comisión Evaluadora de la licitación en comento, fue enfática antes, durante y al finalizar el proceso licitatorio y eso es lo que quedó plasmado en el informe que dio paso a la determinación.
Un historial de conflictos de interés y adjudicaciones cuestionadas
Transportes San Rafael no es nueva en la contratación pública, ni en la controversia. En la región de Aysén, la empresa fue beneficiada con contratos millonarios en momentos en que la tragedia que trajo el COVID-19, desde el no podía esperar. Desde ahí y en adelante no varió su comportamiento empresarial y el uso de influencias para ganar lo que la empresa quería e intentando sacar del camino a la competencia entre 2020 hasta la fecha, pese a denuncias por:
- Vuelos realizados sin autorización sanitaria.
- Uso sistemático de “regularizaciones” ex post para justificar servicios no certificados.
- Conflictos de interés entre su dueño, Fredy Meyer, y funcionarios públicos con poder de decisión, como Marco Antonio Saldivia González.
Saldivia, mientras visaba informes técnicos como coordinador de Evacuación Aeromédica (EVACAM) en Coyhaique, mantenía vínculos comerciales con Ambulancias Express E.I.R.L., empresa coligada a Fredy Meyer. En noviembre de 2023, la Contraloría General de la República constató que Saldivia era socio de dicha empresa, lo que configuró un conflicto de interés evidente. Sin embargo, el informe redujo el caso a una infracción ética, sin investigar el posible perjuicio fiscal ni el uso irregular de recursos públicos.
Vuelos sin resolución sanitaria y cobros disfrazados
Nuevos antecedentes confirman que varios traslados aéreos fueron realizados en aeronaves sin resolución sanitaria vigente, condición que inhabilita su uso para transporte médico. Para evadir este impedimento, la empresa utilizó un mecanismo opaco: las llamadas “regularizaciones”, figura administrativa que permite justificar servicios no formalmente autorizados en el momento de su ejecución.
Este mecanismo impide la trazabilidad real de los servicios y abre la puerta a facturaciones infladas o directamente injustificadas. No se ha transparentado qué pacientes fueron trasladados bajo este esquema, cuándo, ni por qué se recurrió a esta vía en lugar del procedimiento regular.
Complicidades institucionales y parentesco en cargos clave
Pese a estos indicios, la Contraloría no abordó el rol funcional de Saldivia ni sus vínculos familiares con la entonces Seremi de Salud de Aysén, Carmen Monsalve Gómez, autoridad con potestad directa para fiscalizar vuelos. Esta relación —sumada al uso de su cargo para beneficiar a San Rafael— configura un posible blindaje institucional que nunca fue investigado penalmente.
De Aysén a Reloncaví: un modelo que se replica
San Rafael ha intentado replicar este mismo esquema en la Región de Los Lagos. Sin embargo, el Servicio de Salud del Reloncaví declaró inadmisible su oferta en la licitación ID 1057536-138-LR24, por incumplimientos normativos y administrativos esenciales.
El 29 de enero de 2025, la empresa presentó una acción judicial de impugnación ante el Honorable Tribunal de Contratación Pública. Posteriormente, solicitó una instancia de conciliación el 29 de marzo de 2025, la cual fue rechazada por el SSR, que optó por mantener su decisión conforme a la legalidad.
Una disputa que trasciende lo administrativo
Más allá de una controversia contractual, lo que está en juego es el modelo de relación entre el Estado y sus proveedores. El caso de San Rafael evidencia cómo ciertas empresas han construido redes de influencia y estrategias de presión judicial para operar sin controles efectivos.
La negativa del Servicio de Salud del Reloncaví a conciliar con una empresa objetivamente incumplidora marca un punto de inflexión. Es una señal institucional que, por ahora, ha resistido el lobby y las presiones judiciales.
Legalidad frente a captura institucional
San Rafael no aparece como víctima, sino como actor persistente en prácticas opacas: incumplimientos reiterados, ocultamiento de información crítica, vínculos con funcionarios públicos y estrategias judiciales para torcer los resultados adversos. El rechazo de su oferta y la defensa del proceso por parte del SSR representan, entonces, la apertura hacia una oportunidad concreta para afirmar estándares de probidad, transparencia y responsabilidad pública.
En momentos donde la confianza ciudadana en las instituciones está debilitada, defender los procesos regulares frente a presiones externas no es un gesto administrativo: es una señal política y ética.
