Por Claudia Molina B.
Un proyecto estrella del gobierno de Sebastián Piñera, liderado por la entonces subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, acaba de colapsar oficialmente. Años de irregularidades, conflictos de interés y acusaciones de corrupción derivaron en la rescisión del millonario contrato con Ingesmart, empresa encargada de instalar mil cámaras de seguridad. Lo más grave: una querella penal contra Martorell duerme desde hace cinco años en Fiscalía sin avances, mientras ella fue defendida por el cuestionado abogado Luis Hermosilla.
Lo que partió como un ambicioso plan de seguridad nacional terminó envuelto en un entramado de negligencias, falta de control, y omisiones deliberadas. El 31 de marzo de 2025, la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, firmó la resolución exenta 670 que puso fin anticipado al contrato del programa “Calle Segura” —rebautizado por el gobierno actual como “Calles sin violencia”— tras detectarse un atraso de 768% en la implementación de cámaras de televigilancia, que afectó directamente a 21 municipios de la Región Metropolitana.
El contrato, adjudicado por $14 mil millones a Ingesmart en 2020 bajo la administración de la entonces subsecretaria Katherine Martorell, fue duramente cuestionado desde su origen. Las cámaras marca Hikvision, fabricadas en China y vetadas en EE.UU. por riesgos de espionaje, llegaron a Chile con serias deficiencias técnicas y un sistema informático inoperante. Sin embargo, la Subsecretaría de Prevención del Delito insistió en seguir adelante con el proyecto, pese a la advertencia expresa de Contraloría, que rechazó la toma de razón del contrato.
Pero este no fue el único escándalo que salpicó la gestión de Martorell. En paralelo a la licitación de Ingesmart, en 2020 se realizó otra compra de cámaras corporales Motorola para Carabineros, también con irregularidades. La empresa Pegasus —que se vio desplazada pese a cumplir mejor con los requisitos técnicos— interpuso una querella penal por corrupción contra Martorell y otros funcionarios.
Este caso, como esta periodista ha denunciado en múltiples publicaciones en X desde 2022, fue asignado al fiscal Francisco Ledezma, dependiente de la Fiscalía Centro Norte, pero no ha avanzado absolutamente nada en cinco años. A la fecha, no hay formalizados ni decisiones procesales claras, pese a que Contraloría acreditó en 2022 que la adjudicación fue ilegal y ordenó un sumario administrativo. La causa quedó bajo el alero de Xavier Armendáriz, fiscal regional, cuyo rol también ha sido fuertemente cuestionado por su inacción en este y otros casos de alta connotación pública.
Para agravar aún más la falta de transparencia, Katherine Martorell fue representada en este proceso por el abogado Luis Hermosilla, quien actualmente enfrenta una investigación penal por tráfico de influencias, cohecho y filtración de información reservada, tras el caso de los audios que remeció al mundo político y judicial chileno. En enero del 2024, el juez de 7° Juzgado de Garantía de Santiago, al fiscal Francisco Ledezma, formalizar la investigación en un plazo de 120 días. Hasta la fecha el fiscal ha hecho caso omiso.
Del “Calle Segura” al callejón sin salida
El informe de auditoría final emitido por Contraloría en junio de 2024 es lapidario: el programa de televigilancia no sólo nunca cumplió con sus objetivos, sino que las multas a Ingesmart ni siquiera fueron aplicadas. Tampoco se ejecutaron correctamente los mecanismos de control y supervisión. La instalación fallida de 387 cámaras afectó la seguridad comunal de al menos 21 municipios, que debieron enfrentar el aumento delictual sin el equipamiento prometido.
Según la resolución firmada por Leitao, la situación generó “una sobrecarga en los equipos comunales y una creciente frustración”, mientras la ciudadanía fue la principal perjudicada.
Conflictos de interés y negligencia institucional
Como si lo anterior no fuera suficiente, en mayo de 2024 la ex ministra del Interior y hoy candidata presidencial, Carolina Tohá, forzó la salida de la jefa jurídica de la SPD, Priscila Márquez, luego de revelarse que es esposa del abogado Guillermo de la Jara, socio del estudio que asesoraba a Ingesmart en su reorganización concursal. Un conflicto de interés evidente que fue ignorado por meses.
Ese mismo año, Contraloría instruyó un nuevo sumario administrativo, que dejó en mal pie al entonces subsecretario Eduardo Vergara (PPD), y su posterior salida fue parte del ajuste ministerial de noviembre, tras la crisis de seguridad y la formalización del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Justicia lenta, corrupción que avanza
En resumen, tras cinco años de silencio investigativo y encubrimiento institucional, el escándalo del plan “Calle Segura” finalmente ha estallado, aunque sus consecuencias siguen estancadas. Curiosamente, el Consejo de Defensa del Estado ahora intervendrá para intentar cobrar las multas contractuales en una causa civil que podría tardar años en resolverse, quizás incluso durante el próximo gobierno, pero, este mismo organismo no quiso ser parte de la querella presentada contra Martorell. Nadie se explica el por qué de esta decisión.
A la fecha, la querella penal contra Martorell sigue sin respuesta, pese a los antecedentes entregados por la empresa querellante, la evidencia técnica sobre los incumplimientos contractuales y las sanciones administrativas aplicadas. La Fiscalía ha incumplido su deber constitucional y ha permitido que este caso de corrupción permanezca impune.
