En el centro de una creciente controversia política, el Caso Procultura ha sacado a la luz vínculos que han despertado inquietudes respecto al financiamiento de la campaña presidencial de Gabriel Boric. En el corazón del escándalo se encuentra una conversación telefónica interceptada por la PDI, donde una mujer identificada como ‘Lucía’ expresa su frustración ante una supuesta deuda impaga, aduciendo que los fondos adeudados fueron utilizados en la campaña de Boric.
De acuerdo a lo que revela el medio “CPER”, la mujer identificada como Lucía Bustamante, reveló que su sociedad, Productora Gráfica Andros Limitada, facturó casi $25 millones por trabajos de impresión de volantes para la campaña de Boric, según registros del Servel. No obstante, esto se enmarca en acusaciones de que fondos de convenios públicos podrían haber sido desviados para actividades políticas.
En otra arista legal, la imprenta enfrenta a Fundación Procultura en un pleito civil por cerca de $42 millones en facturas impagas por la impresión de materiales gráficos. Contratan a Bella Santibáñez de Producciones Gráficas Andros, quien inicialmente negó la colaboración en la campaña de Boric pero luego confirmó los servicios de impresión tras ser confrontada con evidencia.
Ante las sospechas de desvío de fondos, el fiscal Patricio Cooper intentó justificar la intervención del celular del Presidente Boric, argumentando que la conversación grabada ofrecía evidencia suficiente. Sin embargo, el tribunal rechazó esta petición, calificando los argumentos de insuficientes.
Con las investigaciones en curso y las respuestas oficiales limitadas, el Caso Procultura continúa subiendo en relevancia en el debate público.
