La Fiscalía Regional de Coquimbo ha dado un paso más en el complicado Caso Procultura, vinculando figuras políticas de alto perfil. Dentro de esta investigación, se solicitaron a la Policía de Investigaciones (PDI) los respaldos de 42 interceptaciones telefónicas autorizadas por tribunales, entre las que figuran las del exasesor presidencial Miguel Crispi y el exdirector de la fundación Procultura, Alberto Larraín.
Según un reportaje de CIPER, estos registros fueron requeridos a la Brigada Investigadora Anticorrupción, y su plazo de entrega aún está vigente. Las escuchas telefónicas fueron extendidas en algunos casos, como en el de Miguel Crispi, vinculado a la fundación durante su período en la Subdere, pues validó la ONG para ejecutar convenios con gobiernos regionales como parte de proyectos de recuperación urbana, ejemplo de ello siendo Antofagasta.
El Ministerio Público también ha solicitado tres respaldos adicionales vinculados a Alberto Larraín, íntimo amigo del Presidente Gabriel Boric, quien firmó diversos contratos para programas con recursos públicos. Patricio Cooper, dirigendo esta investigación, centra sus esfuerzos en el posible fraude al fisco y lavado de activos asociados a este caso.
En total, el número de interceptaciones solicitadas alcanza los 57 registros debido a peticiones múltiples por número telefónico. Esta diligencia es parte del proceso, que hasta el momento, se maneja con gran discreción.
