Por Claudia Molina B.
Una pugna de poder, denuncias de corrupción, represalias administrativas y la protección institucional que llegó demasiado tarde. Esa es la secuencia que hoy mantiene al Hospital San José —uno de los más importantes del norte de Santiago— en medio de una crisis de gobernabilidad que afecta a funcionarios, equipos clínicos y pacientes y cuya raíz apunta directamente al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Antonio Infante Barros.
La controversia gira en torno al exdirector del hospital, Dr. Jorge Ramírez Velásquez, quien fue removido del cargo luego de presentar una denuncia penal en contra de altos funcionarios, entre ellos Aldo Yáñez Vera, por presuntas irregularidades durante su anterior. En una jugada calificada como arbitraria y represiva, Infante no sólo solicitó la renuncia de Ramírez al día siguiente de haber desvinculado a Yáñez, sino que designó, inexplicablemente, al cuestionado Yáñez Vera al mando del recinto, provocando un terremoto político y administrativo.
Cronología de los hechos:
10 de abril de 2025
Antonio Infante envía una solicitud de renuncia no voluntaria a Jorge Ramírez mediante Correos de Chile, acto que sólo fue notificado recién el 14 de abril. Según la normativa vigente, la medida se hace efectiva recién tres días hábiles después de la recepción, es decir, el 17 de abril. Para esta acción, Infante se valió de la excusa de “pérdida de confianza”.
15 de abril de 2025
Ramírez presenta una denuncia penal ante el Ministerio Público, en su calidad de director del Hospital San José y titular del SSMN, contra funcionarios vinculados a presuntas irregularidades contractuales. Ese mismo día, desvincula a Aldo Yáñez Vera, quien habría sido protegido políticamente por Infante.
17 de abril de 2025
Ramírez ratifica su denuncia ante el Ministerio Público y, de forma paralela, presenta los antecedentes a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando medidas precautorias para proteger su función pública ante lo que consideraba una represalia por haber denunciado actos de corrupción.
28 de abril de 2025
La CGR responde mediante Oficio E69435/2025, reconociendo que a Ramírez le asiste la protección del artículo 90 A del Estatuto Administrativo, el cual impide su desvinculación mientras exista una denuncia formalmente ingresada por hechos de corrupción u otras irregularidades. No obstante, la resolución llega cuando Ramírez ya había sido apartado del cargo y sustituido por Aldo Yáñez.
La advertencia del exdirector y el desacato jurídico
Lejos de resignarse, el Dr. Ramírez respondió por escrito al asesor jurídico del SSMN, Patricio Eduardo Muñoz Formas, cuestionando la legalidad de su salida. En un correo con copia al propio Infante, información a la que tuvo acceso exclusivo Factos, advirtió que estaban incurriendo en “desacato a la potestad dictaminante del ente de control”, haciendo énfasis en que la Contraloría ya había determinado su protección bajo el artículo 90 A.
“El dictamen de la CGR es de aplicación inmediata”, escribió Ramírez, anunciando que se presentaría a su puesto de trabajo el lunes 29 de abril a las 08:00 horas, exigiendo que se instruyera a los equipos del hospital el cumplimiento de lo resuelto por la Contraloría.
El peso de la Contraloría y el riesgo del desacato
La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano autónomo encargado de controlar la legalidad de los actos de la administración pública en Chile. Su rol no sólo es fiscalizador, sino vinculante en materia de interpretación normativa, lo que significa que sus dictámenes son de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios públicos. Por ello, desacatar una instrucción o interpretación emanada de la CGR constituye una infracción grave, que puede derivar en sanciones administrativas e incluso en responsabilidades penales por parte de quienes la ignoren deliberadamente. En este caso, la omisión o reinterpretación interesada del dictamen E69435/2025 por parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte podría configurar una vulneración directa a la potestad legal de la Contraloría, profundizando aún más el conflicto institucional.
La respuesta del Servicio: negación y maniobras legales
El jefe jurídico del SSMN respondió horas después, asegurando que, a su juicio, el dictamen no amparaba a Ramírez debido a que su salida no se habría producido por razones disciplinarias, sino bajo las disposiciones de la Ley 19.882, lo que excluiría la protección del artículo 90 A. Añadió que, “jurídicamente, no es procedente lo planteado”, y que pondría en copia al nuevo director del hospital —Yáñez Vera— para “responder en consecuencia”.
Consecuencias en el hospital: clima enrarecido y descontento
La controversia no sólo ha afectado la conducción del hospital, sino también el clima laboral y la atención de pacientes. Dirigentes gremiales han expresado preocupación por el retorno de Aldo Yáñez y por el precedente que sienta una remoción considerada vengativa y políticamente dirigida.
“Estamos frente a un caso grave de vulneración institucional. El director Ramírez fue sancionado por cumplir con su deber de denunciar hechos posiblemente delictuales”, señalan desde uno de los gremios de profesionales.
Comunicado institucional: silencio y omisiones
Durante la jornada de hoy, lunes 29 de abril, el SSMN envió un comunicado interno a los equipos del hospital, sin mencionar la denuncia, la resolución de Contraloría ni la disputa legal en curso. El silencio oficial contrasta con la agitación interna que se vive en el principal centro asistencial del norte de Santiago.
Una pregunta pendiente
Con un dictamen claro de la Contraloría, una denuncia penal en curso y una comunidad hospitalaria que observa con preocupación el curso de los acontecimientos, la pregunta que queda flotando es: ¿quién responde cuando un funcionario es sancionado por denunciar irregularidades?
