Por Claudia Molina B.
De denunciado a asesor: el giro impresentable
En enero de 2025, el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), dirigido por Antonio Infante Barros —conocido en su círculo como “Tono”—, resolvió encomendar funciones de asesor personal del director al periodista Gregorio Riquelme Richeda. El detalle que escandaliza: el flamante asesor está actualmente denunciado por al menos cuatro funcionarios bajo la recientemente promulgada Ley Karin, que protege a las víctimas de acoso laboral en el sector público.
Las denuncias formales dieron origen a un proceso de investigación sumaria. Sin embargo, lejos de apartarlo de sus funciones mientras se esclarecen los hechos, Infante optó por ascender a Riquelme, transformándolo en su asesor directo mediante la Resolución Exenta N°148, fechada el 29 de enero de 2025, a la que tuvo acceso exclusivo Factos.
Una decisión que, en la práctica, rompe toda garantía de imparcialidad para las víctimas y envía un mensaje brutal dentro de un servicio donde los casos de acoso y abuso de poder ya se multiplican.
Según antecedentes recogidos por Factos, cuando comenzaron las investigaciones, el director del Hospital Psiquiátrico Horwitz, Juan Mass, inicialmente había sido designado fiscal para llevar adelante los sumarios. No obstante, ante la presión y las erráticas decisiones de Infante Barros, Mass renunció a su rol, entregando los casos para no comprometer su responsabilidad institucional.
Así, mientras los denunciantes enfrentan procesos en un ambiente de desconfianza y temor, el potencial victimario es premiado, blindado bajo el ala del propio director.
Entre decretos y lealtades: la red de protección en el SSMN
La promoción de Riquelme Richeda no es un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia de concentración de poder impulsada por Antonio Infante desde su llegada al SSMN en 2023: nombramientos directos, cambios de cargos sin concursos, sumarios manipulados y una cultura de protección a funcionarios leales, sin importar denuncias de gravedad.
Pese a las advertencias internas y sumarios en curso, el Ministerio de Salud —y particularmente la ministra Ximena Aguilera— ha guardado un silencio cómplice, incumpliendo su propio discurso de “tolerancia cero” frente al acoso laboral.
En la práctica, el mensaje que reciben las víctimas es devastador: en el SSMN, denunciar tiene costos, y esos costos los pagan quienes se atreven a defender la probidad.
La maniobra de blindaje a un funcionario bajo investigación no sólo refleja un abuso de poder evidente, sino también el nulo compromiso real del Ministerio de Salud —y particularmente de la ministra Ximena Aguilera— para asegurar un ambiente laboral seguro, en plena implementación de la Ley Karin.
A pesar de las denuncias, advertencias internas y sumarios abiertos, el Minsal no ha intervenido ni ha exigido la separación preventiva del denunciado mientras se realiza la investigación, incumpliendo su propio discurso de “tolerancia cero” al acoso laboral.
Las víctimas, otra vez abandonadas
La situación actual instala un mensaje claro: en el SSMN, denunciar tiene costos. Para las víctimas que se atrevieron a activar los mecanismos de protección de la Ley Karin, ver al denunciado ascendido a un cargo estratégico refuerza la sensación de desamparo e injusticia.
Hoy, Gregorio Riquelme no sólo sigue trabajando en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, sino que ahora participa en decisiones estratégicas directamente al lado de Infante Barros. Mientras tanto, las víctimas deben soportar un proceso marcado por la desconfianza, sabiendo que el denunciado ostenta mayor poder e influencia dentro de la institución.
Ex Subdirector del hospital recurre a CGR
El patrón de blindaje a los leales y persecución a los probos no se detiene allí. Otro caso emblemático que golpea la gestión de Antonio Infante es el del Dr. Jorge Ramírez Velásquez, exsubdirector del Hospital San José.
El Dr. Ramírez fue removido de su cargo el 20 de abril recién pasado, luego de tomar la decisión de pedirle la renuncia al ex director administrativo, Aldo Yáñez. La desvinculación surgió debido a un arrastre de compromisos económicos que afectaban al hospital por servicios cuyos pagos se encontraban sobre valorados, claro ejemplo de ello, fue la denuncia que esta periodista realizó en su cuenta personal de X, por trato directo de la empresa de aseo LimChile, además, de otros enjuagues que no contaban con respaldo contable ni licitaciones que conformaran un contrato de prestaciones de servicios. El resultado de esta decisión fue, simple y llanamente que Infante Bravo, decidiera sacar a Ramírez Velásquez del cargo e impusiera, esta vez, como director del hospital San José, a Aldo Yáñez Vera y, a raíz de esto, es que el médico presentó una denuncia ante el Ministerio Público por eventual fraude al Fisco cometido en el hospital y, posteriormente, ingresara un Recurso de Protección a la Contraloría General de la República.
El ente fiscalizador, emitió hoy 28 de abril un pronunciamiento crucial, donde señala:
“El recurrente, al haber efectuado la denuncia cuya copia adjunta, se encuentra en el supuesto del artículo 90 A de la Ley N°18.834, por lo que le asiste la protección que establece dicha norma“, concluyó el órgano fiscalizador.
El artículo 90 A protege a los funcionarios que denuncian delitos o faltas administrativas, prohibiendo su remoción, suspensión o traslado sin su consentimiento.
Aunque la Contraloría no constató, de momento, que se haya materializado alguna sanción directa en contra del Dr. Ramírez, dejó claramente establecida la vigencia de la protección que le corresponde por ley, reafirmando la ilegalidad de cualquier represalia futura.
Este fallo desmonta la estrategia de Infante de presionar y perseguir al Dr. Ramírez y constituye un respaldo formal a su actuar ajustado a derecho. En tanto, el Ministerio de Salud, por su parte, guarda un silencio cómplice.
