Una jueza federal ha acusado a la administración del expresidente Donald Trump de ignorar órdenes judiciales y actuar de mala fe al no revelar gestiones para facilitar el retorno a Estados Unidos de Kilmar Abrego García, un ciudadano deportado por error a El Salvador. La magistrada Paula Xinis, del distrito federal, describió la postura del gobierno como un escudo de “afirmaciones de privilegio vagas e infundadas” que obstaculizan el acceso a la verdad y el cumplimiento de decisiones previas. “Eso se acaba ahora”, sentenció Xinis, estableciendo un plazo hasta las 6 p.m. del miércoles para que la administración entregue la documentación solicitada.
Este caso involucra a Abrego García, quien enfrenta una detención por orden errónea y cuya repatriación fue ordenada por la Corte Suprema hace casi dos semanas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos judiciales, el gobierno ha afirmado que no puede obligar a El Salvador a devolverlo, a pesar de que el presidente salvadoreño ha indicado tener las mismas limitaciones.
Trump y su administración han argumentado que cualquier acción para repatriar al ciudadano estadounidense se encuentra protegida por el secreto de estado y el privilegio abogado-cliente. No obstante, para la jueza Xinis, estas justificaciones carecen de fundamento legal suficiente. Este incidente no es un caso aislado, ya que un panel del 4.º Circuito de Apelaciones también criticó la falta de acción del gobierno, tildándola de “impactante”.
Las reacciones políticas son variadas, con demócratas y expertos en derecho afirmando que este desacato repetido podría conducir a una crisis constitucional. Mientras tanto, desde la Casa Blanca se ha insinuado que el problema radica en la conducta de los jueces.
El escándalo en torno a Abrego García enfatiza las complicaciones de las políticas migratorias bajo la administración Trump, en un contexto de creciente tensión sobre la separación de poderes y el Estado de derecho en Estados Unidos.
