Por más de cuatro años, una red de contratos inflados, vuelos innecesarios y omisión institucional permitió a la empresa San Rafael embolsarse más de $17.000 millones a costa del sistema público de salud. Mientras pacientes eran usados como excusa para justificar traslados médicos que no se necesitaban, las autoridades sanitarias omitieron investigar, sancionar o recuperar los recursos. Un caso que revela cómo la impunidad también tiene alas.
Por Claudia Molina B.
Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, en una de las regiones más apartadas del país, se tejió un entramado de omisiones, irregularidades y contratos multimillonarios que nunca fueron investigados por la Fiscalía. Hoy, a casi cinco años del inicio de la pandemia, la empresa San Rafael sigue volando. Y facturando.
Contratos sin habilitación: vuelos en riesgo
Entre 2020 y 2023, el Servicio de Salud de Aysén (SSA) firmó contratos por más de $1.200 millones con la empresa Servicios Aéreos San Rafael. Su misión: realizar traslados aeromédicos en la región. La urgencia sanitaria lo justificaba. La legalidad, no tanto.
San Rafael no contaba con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para operar como ambulancia aérea. Tampoco tenía acreditación sanitaria para transportar pacientes críticos. A pesar de ello, se le asignaron vuelos de emergencia con soporte vital incluido, desde zonas rurales hacia Coyhaique o Punta Arenas.
El informe que nadie quiso leer
En 2021, el entonces jefe del SAMU Aysén, Dr. Rodrigo Ulloa, levantó una alerta crítica. En un informe interno, detalló falencias que ponían en riesgo la vida de los pacientes: cabinas sin aislamiento, falta de ventiladores, oxígeno no regulado y personal sin preparación en cuidados intensivos.
El documento fue remitido a las autoridades del SSA, la DGAC, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. ¿La respuesta? Silencio. El fiscal regional Carlos Palma no abrió investigación alguna. No hubo diligencias, ni órdenes. Sólo archivo.
Fiscal Carlos Palma ¿Por qué no hizo su trabajo?
La omisión de Carlos Palma no fue aislada. En septiembre de 2024, fue suspendido de su cargo por el Ministerio Público. Se le investiga por omisión de denuncia y violación de secreto, en el marco del denominado caso “Audios”, una trama de corrupción judicial con el abogado Luis Hermosilla como figura central.
Palma confesó en un chat que el marido de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, le ofreció un doctorado y la jefatura de la Fiscalía Centro Norte a cambio de bajarse de la carrera por la Fiscalía Nacional. También filtró audios de una causa por narcotráfico. Hoy, nuevas sospechas se suman: su inacción frente a las irregularidades sanitarias en Aysén.
Un empresario intocable
El dueño de San Rafael, Fredy Meyer, sigue operando con total impunidad. Recibió todos sus contratos por trato directo o convenio interinstitucional, sin licitaciones públicas. Su red de vínculos con funcionarios públicos y políticos locales generó un blindaje institucional que persiste hasta hoy.
Fuentes internas del SSA aseguran que hubo presiones para acelerar las firmas, a pesar de los informes técnicos que advertían: “se ponía en riesgo la vida de los pacientes”.
En efecto, una paciente de Puerto Cisnes, sufrió la consecuencias dela irresponsabilidad de la empresa San Rafael. A 3 meses de iniciado el año 2022, lo que ya se había denunciado como una alerta se concretó. Una paciente de 56 años en ese entonces, debido a las inapropiadas condiciones técnicas de las naves para realizar el traslado, quedó postrada para el resto de su vida. La familia de E.C.N.M en su desesperación pidieron explicaciones y, al no encontrar respuesta alguna, tomaron la decisión de presentar una demanda civil (C-1544-2021) en contra de la empresa San Rafael y Hospital Jorge Ibar Bruce.
La respuesta a la demanda civil por parte empresa ‘San Rafael’ representada por las abogadas Viviana Betancourt Gallegos y Ximena Gutiérrez Jaramillo, señalaron -en la primera parte de la contestación- todos los logros y beneficios que esta empresa ha entregado a la comunidad de la Región de Aysén por más de 30 años “ofreciendo un servicio serio, seguro y adecuado a la realidad y requerimientos” y que “han trabajado de manera cooperadora y voluntariosa”. Indicaron, además, que, a lo largo de los años de experiencia, “han sufrido 2 accidentes aéreos: El primero de ellos, donde fallece el fundador de San Rafael, don Enrique Meyer Soto junto a 6 pasajeros en el año 1992 en Contao, Puerto Montt. El segundo, en el año 2006, donde fallecen los 6 ocupantes en el sector de Lago Atravesado”. Esa exposición, apeló al sentimentalismo y no derechamente a la gravedad de la situación con los pacientes trasladados en pandemia, por el contrario, acusaron a la familia de E.C.N.M que quedó postrada y que no pudo nunca más siquiera alimentarse de manera independiente, de referirse a San Rafael de manera “despectiva e injuriosamente”, pues, agregaron: “Se han referido reiteradamente en la querella a San Rafael como una empresa “que acostumbra…a trabajar al margen de la ley”, o que “actúa al margen de la ley poniendo en riesgo la vida de los pacientes de Aysén” o que “Salud (El Servicio) contrató los servicios de una empresa que actuó al margen de la ley”. Peor aún, indicaron las abogadas, han dicho que: [La empresa] “ha operado igualmente de forma prácticamente clandestina”. Pero, en la página 77 del extracto de la respuesta a la demanda, las juristas enfatizan en que el 03 de marzo del 2020 siendo las 19:12 hrs., la empresa fue requerida de manera urgente.
La solicitud la habría realizado el ”médico operador del SAMU XI, señor Fredy Sierra Núñez”. Hasta ahí se refieren a todo el operativo y, luego, señalan que “la pista del aeródromo de Puerto Cisnes no tiene la iluminación necesaria para permitir tales vuelos nocturnos” agregando que “este problema se originó por faltas de condiciones técnicas para realizar maniobras aéreas”, es decir, de despegue“. Sin embargo, con tantos años de experiencia empresa ‘San Rafael’ sabe, perfectamente, que tanto el aeródromo de Puerto Cisnes, como de Futaleifú y Palena, no cuentan con luces en la pista, pero, para estas operaciones recurre bomberos y agencian vehículos para iluminarla a cualquier hora de la noche; por lo tanto, no realizaron estas solicitudes para despegar y extensión horaria porque “San Rafael” NO contaba con la certificación sanitaria ni de la DGAC como avión ambulancia exponiéndose, entonces, a una multa, por lo que decidieron dejar a la paciente en el hospital agudizando su estado hasta quedar postrada. Más aún, en la respuesta agregan que cuando la empresa estaba desarrollando estas actividades, las certificaciones estaban en trámite, es decir, no contaban con la certificación de la Seremi, la que obtuvieron recién el 17 de marzo y la de la DGAC que fue entregada el 8 de abril del 2020. Por lo tanto, sí actuaron fuera de la normativa y ley vigente.
Finalmente, la demanda civil quedó entrampada y, posteriormente, el fallo fue negativo para la familia. No recibieron ni apoyo psicológico, tampoco de salud y menos aún una compensación económica por los daños morales y perjuicios. El daño y cansancio de vivir esta experiencia con absoluto desdén por parte de las autoridades de salud como judiciales, terminaron por agotar a la familia y ya no continuaron con la demanda. Hoy, continúan afectados.
La carta ignorada por Santiago
En 2021, un grupo de funcionarios de salud envió una carta a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en ese entonces, Luis Arturo Zúñiga Jory, en la que denunciaron irregularidades contractuales y pedían intervención de Contraloría. Nadie respondió. Tampoco se instruyó sumario. Otro archivo más.
San Rafael no comenzó a operar en pandemia. Su historial irregular se remonta a 2015, cuando acreditó naves sin los requisitos mínimos exigidos por la autoridad aeronáutica ni sanitaria. Incluso, utilizó un avión (Piper Navajo CC-CWD) que no era de su propiedad, vulnerando el Código Aeronáutico Civil y sin contrato de arriendo inscrito en la DGAC.
Entre 2015 y 2019, usó recursos del SAMU para operar: ambulancias, personal y equipos clínicos del Estado para su propio beneficio. Esto ocurrió con conocimiento —y complicidad— de jefaturas como la del coordinador clínico del SAMU, Marco Saldivia González. Esto último sigue sucediendo.
Cifras que no cuadran
En pandemia, la empresa fue beneficiada con la licitación pública 734-1-LQ20, pese a su historial. La Contraloría Regional de Aysén observó que se ofrecían montos inflados y sin justificación técnica: hasta $4.800.000 por vuelos de menos de dos horas.
En 2019, la Dirección Aeronáutica Civil sancionó a la empresa por realizar 104 vuelos sin autorización, incluyendo 4 como ambulancia aérea sin permiso de la SEREMI de Salud ni la DGAC. En 2020, repitió la maniobra con una nueva aeronave (CC-DAP), sin habilitación alguna.
Un fraude sistemático: vuelos innecesarios y sobreprecios millonarios
Más allá de los montos adjudicados en los contratos, el análisis de los vuelos realizados por la empresa San Rafael revela un perjuicio fiscal directo que podría superar los $17.000 millones de pesos en los últimos cuatro años. Según antecedentes revisados por Factos, en la zona austral se ejecutaban en promedio unos 75 vuelos mensuales —es decir, entre 800 y 900 al año—. Solo considerando el sobreprecio estimado de $2.125.000 por vuelo, el daño anual al fisco asciende a $1.700 millones. Proyectado a cuatro años, el desfalco directo alcanza los $6.800 millones.
Pero hay un componente aún más grave: los vuelos presuntamente innecesarios. Tras denuncias públicas y administrativas, el volumen mensual de traslados se redujo en un 75%, lo que sugiere que durante años el Estado habría financiado vuelos médicos que no correspondían. Si se estima de forma conservadora que, al menos 50 de estos vuelos mensuales fueron injustificados, a un costo promedio de $4.250.000 cada uno, el daño adicional escala a $2.856 millones anuales. En total, la suma del sobreprecio y los vuelos prescindibles eleva el perjuicio fiscal a más de $17.000 millones.
Esta cifra no sólo pone en cuestión la legalidad de los contratos, sino que revela una trama de permisividad institucional que permitió la perpetuación del esquema sin fiscalización ni control efectivo. A pesar de contar con antecedentes formales y documentados, el Ministerio de Salud no tomó ninguna medida para investigar, retrotraer pagos irregulares ni aplicar sanciones. Incluso con conocimiento de que las irregularidades comprometían no solo el erario público, sino también la seguridad de pacientes y sus familias —cuyas urgencias médicas fueron utilizadas como coartada para el sobreprecio sistemático—, la autoridad sanitaria no exigió el cobro de garantías comprometidas por la empresa San Rafael ni activó mecanismos para la restitución de fondos. Esta inacción refuerza la sensación de impunidad estructural que blindó este esquema durante años.
Más de 20 muertos en accidentes
La empresa San Rafael ha estado involucrada en al menos dos decenas de fallecimientos en accidentes aéreos en la zona austral. El último ocurrió el 9 de agosto, cuando el piloto Joaquín Infante Crocco y seis pasajeros murieron tras despegar desde Coyhaique.
El piloto Infante Crocco y 6 pasajeros turistas despegaron el viernes 9 de agosto del 2024 a las 09:13 hrs., de la mañana, posteriormente, la nave perdió contacto con la base y, sólo pasadas las 15:00 hrs., de la tarde fue localizada la nave bimotor en el sector Las Horquetas cercana a la localidad de Villa Cerro Castillo. Sin embargo, muy pocos antecedentes se han dado a conocer, tanto por parte de la empresa San Rafael, como por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por las autoridades regionales y nacionales, más allá de las condolencias a la familia del piloto.
Según detalló Carabineros en esa oportunidad, la aeronave cayó en una quebrada y, la prensa local destacó que el sector donde se encontró la nave -desintegrada- es montañoso y boscoso que está cercano a la localidad de Villa Cerro Castillo.
Los 6 cuerpos fueron encontrados a 700 metros aproximadamente del siniestro; cuatro de las víctimas pertenecían eran vecinos de Chile Chico y las otras tres de Coyhaique.
Sin embargo, fuentes contactadas por Factos para este reportaje, señalaron que “Es sabido que Fredy Meyer ha falsificado documentos públicos con el objetivo de obtener certificación de manera ilícita y, para los que conocemos tanto este rubro como la zona, no es difícil entender por qué razón se han estrellado naves con consecuencias fatales. Todos saben en esta región que el señor Meyer adultera las bitácoras de vuelos, baja la cantidad de horas de vuelo y, con eso, evade la responsabilidad de realizar las mantenciones exigidas”. De acuerdo con los antecedentes recopilados en off, habrían indicios de que el accidente pudo haberse evitado y que la DGAC ha mantenido en reserva.
Un entramado que sigue intacto
Hasta hoy, no existe sanción administrativa ni penal por el uso irregular de fondos en Aysén. El Ministerio Público guarda silencio. Fredy Meyer sigue facturando. Y las instituciones que debían fiscalizar, aún callan.
Este caso no es sólo una historia de negligencia en pandemia. Es el reflejo de una red de captura del Estado, protección institucional y complicidad silenciosa. Un patrón de impunidad que ni la justicia, ni el poder político, parecen querer tocar.
