A pocos días de asumir la dirección del Hospital San José, Aldo Yáñez Vera fue denunciado penalmente por hechos de corrupción mientras se desempeñaba como jefe de Recursos Físicos del mismo hospital. La querella, interpuesta por un funcionario del establecimiento, amplía la crisis institucional del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), y refuerza el manto de protección que rodea a las autoridades designadas por Antonio Infante Barros.
Por Claudia Molina B. y Equipo Factos
Designación exprés y sin concurso
La red de presunta corrupción que envuelve al Servicio de Salud Metropolitano Norte sumó un nuevo capítulo esta semana, con la presentación de una denuncia criminal ante la Fiscalía Centro Norte en contra de Aldo Yáñez Vera, subdirector administrativo del Hospital San José, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. La acción legal fue interpuesta por el actual director subrogante del recinto hospitalario, el médico Jorge Ramírez Velásquez.
Según consta en el escrito, al que este medio tuvo acceso Factos.cl, la denuncia se funda en el Informe Final de Auditoría Financiera N°29 de la Contraloría General de la República, emitido el 13 de junio de 2024, y en el Informe Ejecutivo de Auditoría Interna N°2/2025. Ambos documentos dan cuenta de graves irregularidades contables, operaciones pendientes en conciliaciones bancarias y múltiples anomalías en los procesos de compras.
Querella penal por corrupción
Pero más allá de los hallazgos técnicos, el foco de la denuncia está puesto en la contratación directa del servicio de aseo hospitalario con la empresa LIM Chile, pese a que Contraloría objetó su legalidad en tres ocasiones distintas durante 2024. Según la denuncia, esta contratación irregular generó un perjuicio fiscal superior a los $2.600 millones de pesos, una cifra que el propio denunciante califica de “detrimento patrimonial evidente”.
El documento también establece una conexión directa entre el acusado Aldo Yáñez y la empresa adjudicataria: antes de asumir su cargo en el Hospital San José, Yáñez Vera fue gerente de explotación en la sociedad concesionaria San José Tecnocontrol S.A., la cual presta servicios al Hospital El Carmen de Maipú y al Hospital Eloísa Díaz. LIM Chile, la firma contratada en el Hospital San José, es la misma en la que trabajaba anteriormente Yáñez Vera. Este hecho, de acuerdo con el denunciante, configura el delito de negociación incompatible, ya que el funcionario habría favorecido a una empresa vinculada a su trayectoria laboral.
La huella de Infante: vínculos, poder y protección
Más aún, el documento revela que la llegada de Yáñez al hospital no respondió a criterios de mérito, sino a una imposición directa del director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Antonio Infante Barros. Este último ya había sido querellado por hechos similares —como reveló Factos.cl en reportaje anterior—, lo que sugiere un patrón de prácticas irregulares y conflictos de interés al interior del aparato público sanitario.
Denunciar desde adentro
Ramírez Velásquez señala en la denuncia que Infante actuó con “omisión negligente e inexcusable” al mantener a Yáñez Vera en su puesto pese a las reiteradas observaciones de Contraloría. La denuncia cita explícitamente los artículos 239 y 240 del Código Penal, así como el Estatuto Administrativo, que obliga a los funcionarios públicos a denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Esta nueva querella profundiza la crisis institucional en la red de salud del norte de Santiago, y pone en entredicho la forma en que se están designando y blindando cargos de alta responsabilidad, incluso frente a graves indicios de corrupción, así como también esta acción judicial no es un hecho aislado. Se inscribe dentro de un patrón de denuncias que apuntan a una lógica de captura institucional al interior del SSMN, donde los nombramientos y decisiones clave estarían siendo utilizados para consolidar redes de poder más que para fortalecer la salud pública.
Máximas Autoridades y el silencio ensordecedor
De momento, ni el Ministerio de Salud ni la Subsecretaría de Redes Asistenciales se han pronunciado sobre el caso. Mientras tanto, trabajadores del hospital y organizaciones gremiales -sólo algunas- llaman a una auditoría externa urgente y exigen la suspensión inmediata de Aldo Yáñez Vera mientras dure la investigación. “No se puede seguir gobernando el sistema de salud como si fuera una parcela personal”, señala un dirigente gremial que pidió reserva de identidad por temor a represalias.
Con esta segunda querella, la continuidad de Antonio Infante Barros al mando del SSMN queda aún más debilitada. El silencio institucional comienza a resquebrajarse frente a la presión pública y las evidencias acumuladas. Una vez más, el poder en bata blanca parece estar por encima de los controles democráticos, mientras la salud de millones de personas sigue dependiendo de decisiones tomadas entre cuatro paredes.
