El caso del jefe subrogante de la Unidad de Odontología Javier Pérez Araya revela un entramado de maltrato, irregularidades administrativas, favoritismo en concursos públicos y una cadena de omisiones institucionales que perpetúan el abuso dentro del sistema de salud pública chileno.
Por Claudia Molina B.
Nombramiento inconsulto y origen del conflicto
En el Hospital Barros Luco Trudeau, una de las instituciones emblema del sistema de salud pública de Santiago, se desarrolla desde hace más de tres años una situación crítica que ha dejado secuelas humanas, laborales e institucionales. El eje de esta crisis es el nombramiento de Javier Pérez Araya como Coordinador del Servicio de Urgencia Odontológica, una decisión impuesta sin consulta al equipo, rechazada por los profesionales del área, y posteriormente reforzada por prácticas de maltrato, acoso laboral y manipulación administrativa.
El conflicto estalló el 25 de marzo de 2022, cuando los odontólogos del servicio fueron notificados de que Pérez Araya asumiría la coordinación de la unidad, desplazando al Dr. Jorge Moreno Velásquez, quien hasta entonces contaba con el respaldo unánime del equipo. Esta decisión fue tomada de manera unilateral, sin fundamentos técnicos transparentes ni participación de los involucrados. La entonces Subdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas, María Victoria Díaz, señaló a uno de los profesionales en ese instante que “Lo mejor era que Pérez Araya quedara ahí, pues él mismo sería el Jefe del SEO y, por lo tanto, él podía coordinar ambos Servicios”.
¿Cómo es que María Victoria Díaz se aventuró tan drásticamente a mencionar que el Dr. Pérez Araya sería el futuro jefe del Servicio de Emergencia Odontológica, sin siquiera contemplar un proceso de concurso interno? Para ese momento, el jefe del SEO era el Dr. Raúl González Valdenegro y, con dicha afirmación, quedaba fuera de toda posibilidad de mantener su cargo mediante un proceso de selección transparente. Además, el jefe de todo el Servicio de Urgencia era el Dr. Luis Valdivia, por lo que imponer al Dr. Pérez Araya en la coordinación del Servicio de Urgencia resultaba un despropósito, especialmente si se consideraba la intención de concentrar todo el poder administrativo y clínico en manos de una figura impuesta desde arriba.
Irregularidades en los concursos públicos
La intervención y pronunciamiento de la Contraloría General de la República, exigió a la dirección realizar el correspondiente proceso de concurso interno para la jefatura del Servicio Odontológico, pero, este reveló nuevas irregularidades. En una carta fechada el 9 de noviembre de 2022, a la que tuvo acceso exclusivo Factos.cl se denunció que los puntajes asignados a los postulantes eran incoherentes con sus méritos, y que el proceso careció de transparencia y criterios objetivos. La dirección nuevamente guardó silencio. El proceso fue percibido como dirigido para favorecer al Dr. Raúl González, quien inmediatamente se jubiló dejando en la subrogancia a Javier Pérez Araya, a pesar de que otros candidatos superaban ampliamente su trayectoria profesional.
Desde ese momento, Pérez Araya asumió el control tanto del Servicio de Urgencia Odontológica como del Servicio de Especialidades Odontológicas, y comenzó a ejercer su rol con prácticas autoritarias, ocupando el cargo de coordinador desde el 25 de marzo de 2022 hasta el 3 de octubre de 2023.
Maltrato sistemático y consecuencias humanas
A través de una carta formal dirigida a la directora del hospital de ese entonces, Dra. Gisella Castiglione Veloso, un grupo de odontólogos manifestó su rechazo y exigió revertir la medida. No obtuvieron respuesta satisfactoria. Castiglione sólo lo removió de la Coordinación el 3 de octubre de 2023 debido a un incidente grave que hizo insostenible su permanencia en ese rol, pero lo mantuvo como Jefe subrogante del Servicio de Especialidades Odontológicas (SEO).
Desde su llegada, Javier Pérez Araya instauró un modelo de gestión basado en el autoritarismo y la intimidación. Funcionarios del servicio relatan episodios de aislamiento, difamación, uso arbitrario de investigaciones sumarias y represalias directas a quienes lo cuestionan. Uno de los testimonios más duros corresponde a una profesional que fue privada de ejercer sus funciones clínicas con pacientes oncológicos y cuyo hostigamiento fue tan profundo que la llevó a un intento de suicidio. El acoso incluyó burlas por su estado de salud crónico, interrogatorios sobre su vida privada y propuestas de traslado forzado.
Además, un profesional con cargos asignados a dedo continúa como jefatura pese a contar con un total de 12 denuncias en su contra: 7 por malos tratos, acoso laboral y abuso de poder, y otras 5 ingresadas bajo la ley N°21.643 o Ley Karin, de acuerdo a información obtenida por Factos.cl a través de la Ley de Transparencia. Del total, sólo una de estas denuncias se encuentra actualmente en etapa de investigación. ¿Cómo es posible que lo mantengan en el cargo?
Complicidad institucional y omisión
Pese a las numerosas denuncias en su contra, las innumerables cartas y solicitudes de intervención, la dirección del hospital optó por el silencio sistemático. La directora Gisella Castiglione ignoró incluso un oficio (N°821.816/22 de fecha 14 de julio de 2022) emanado de la Contraloría General de la República, que instruía la apertura de investigaciones disciplinarias por faltas graves.
Durante todo el tiempo que Javier Pérez Araya mantuvo el control del Servicio de Odontología, el silencio institucional se convirtió en una señal de respaldo. La Subdirectora de Atención Abierta, Dra. Patricia Riquelme Montecinos, también contribuyó a la cultura de impunidad que reinaba en el área. Actualmente, el director del hospital, Walter Keupuchur Meza, quien asumió el cargo el 24 de marzo de 2024, ha mantenido la misma conducta, consolidando un entorno donde el agresor es protegido y los denunciantes desincentivados.
Investigaciones sin resultados y doble estándar
En diciembre de 2022, una investigación sumaria instruida para esclarecer denuncias contra Javier Pérez fue cerrada sin determinar responsabilidades administrativas, según consta en la Resolución Exenta N°3173. Esta resolución se refería a irregularidades en la prestación de servicios en la red privada de salud mientras Pérez Araya se encontraba con licencia médica de reposo para el hospital. A pesar de la evidencia, la directora Castiglione indicó que el fiscal no logró acreditar formalmente los hechos, lo que generó una mayor sensación de encubrimiento.
Actualmente, otro Jefe del Servicio de la misma institución se encuentra bajo sumario por una denuncia similar: atender pacientes en clínicas privadas en horario correspondiente al hospital. Sin embargo, en este caso sí se realizó cruce de antecedentes, lo que derivó en sanciones. Esta diferencia de trato evidencia un criterio arbitrario y protector hacia Pérez Araya.
Consecuencias para pacientes y funcionarios
La permanencia de Javier Pérez ha generado un ambiente laboral tóxico y fragmentado. Varios funcionarios se encuentran con licencia médica por salud mental. Pacientes crónicos y oncológicos también han sido víctimas colaterales de esta crisis: interrupciones de tratamientos, pérdida de continuidad clínica y retrasos derivados de decisiones administrativas arbitrarias.
Distintas fuentes coinciden en que las prácticas autoritarias de Javier Pérez no son nuevas. Se remontan a sus experiencias previas en universidades y espacios clínicos, donde ya era conocido por su liderazgo punitivo, verticalista y descalificador. Su ascenso ha sido facilitado por vacíos institucionales y redes de protección, más que por méritos profesionales.
Una crisis estructural
El caso del Servicio de Odontología del Hospital Barros Luco Trudeau no es sólo un problema interno: es el reflejo de una institucionalidad sanitaria que permite el abuso, castiga a quienes denuncian y protege a quienes maltratan. Desde la ex directora Castiglione hasta la actual dirección encabezada por Walter Kepuchur Meza, la omisión ha sido la norma. La Contraloría ha sido ignorada y el Ministerio de Salud, así como también, el Servicio de Salud Metropolitano Sur, han guardado silencio.
Mientras Javier Pérez Araya sigue ejerciendo funciones con total normalidad, las víctimas continúan arrastrando secuelas. El hospital se hunde en una crisis de confianza que sólo podrá revertirse con acciones concretas: investigaciones sumarias reales, separación inmediata del cargo y reparación a las personas vulneradas.
Según fuentes cercanas a la dirección, hasta el cierre de esta edición no se ha retrotraído la designación de Javier Pérez Araya como Jefe del Servicio de Odontología, tal como lo instruyó la Contraloría. Ni siquiera se encuentran disponibles las bases para el concurso interno. Nadie puede asegurar que se realizará un proceso transparente que recupere la confianza.
Chile no puede seguir permitiendo que el poder en bata blanca quede por encima del derecho, la dignidad y la justicia.
