La amenaza del Dr. Antonio Infante Barros de cesar al director subrogante Marcelo Olivares confirma el uso político y punitivo del poder administrativo en plena investigación por corrupción al interior del Hospital San José. El silencio del MINSAL y de La Moneda legitima una forma de gobernar incompatible con la ética pública.
Por Claudia Molina B.
La trama que se teje al interior del Hospital San José ha dejado de ser un conflicto técnico o local: se ha transformado en una evidencia contundente de cómo el poder político-administrativo puede operar para proteger a los suyos, castigar a quienes no obedecen órdenes irracionales y desarticular investigaciones incómodas. Esta semana, el caso escaló a niveles aún más preocupantes.
Durante esta tarde, el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Antonio Infante Barros, emitió la Resolución Exenta N° 568, mediante la cual modificó el orden de subrogancia de la dirección del Hospital San José, sacando de la primera línea al entonces director (s), Dr. Marcelo Olivares Villarroel a quien ya había amenazado con la estabilidad y superación de su cargo, diciéndole que “jamás podría asumir como director titular del hospital“. Finalmente, hoy, Infante Barros decidió reemplazarlo por el ex Subdirector Administrativo, Aldo Yáñez Vera. La medida ocurre apenas un día después de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible la querella criminal por prevaricación administrativa presentada por la Dra. Erika Dahl, fiscal del sumario más explosivo que enfrenta el hospital en años.
La querella, ampliamente difundida por el medio Factos.cl, acusa al propio Infante Barros y a otros funcionarios del SSMN y del hospital de intentar interferir ilegalmente en un proceso sumarial. La fiscal Dahl denunció haber recibido presiones, para entregar el expediente encontrándose aún en desarrollo y bajo secreto al ex director subrogante, Aldo Yáñez Vera o bien al abogado del hospital, Nicolás Lagos Muñoz.
La revancha de Infante: un castigo institucionalizado
La Resolución Exenta N° 568 señala que “por razones de buen servicio” es que se concreta la modificación del orden de subrogancia del hospital, es decir, Infante Barros, ejecuta sus decisiones “de facto”, convirtiéndose, de esta manera, en un personaje autoritario que no pondera con la sensatez que corresponde, en estos casos, para calmar las aguas; Por el contrario, con sus decisiones erráticas y viscerales lo único que consigue es aumentar la presión y el malestar en los funcionarios. Pero, quienes conocen el contexto saben que se trata de una sanción política encubierta: Marcelo Olivares se negó a intervenir un proceso sumarial en curso y a remover a la fiscal —como le había exigido el director del SSMN— y hoy está fuera de la dirección.
Con esta acción, Infante Barros no solo rompe todo principio de autonomía administrativa, sino que manda un mensaje aleccionador a cualquier funcionario público que decida obedecer la ley antes que al poder jerárquico. La señal es clara: quien no encubre, será removido.
Silencio ministerial: ¿complicidad o abandono?
Lo más grave no es sólo la remoción de Olivares ni las presiones a Erika Dahl. Lo más alarmante es el silencio cómplice del Ministerio de Salud, encabezado por la Dra. Ximena Aguilera, y del Subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, quienes han sido informados de la situación y no han emitido ninguna declaración ni tomado medidas de resguardo para los funcionarios afectados.
Tampoco se ha pronunciado el Presidente Gabriel Boric, cuyo gobierno prometió en campaña un estándar ético superior y tolerancia cero frente al abuso de poder. Hoy, frente a un caso concreto, la inacción presidencial legitima lo que debiera condenarse con fuerza.
Una señal que paraliza: el riesgo de denunciar
El caso Olivares-Dahl genera un precedente nefasto: denunciar irregularidades o negarse a encubrirlas puede costarte el cargo, tu carrera o tu estabilidad profesional. En lugar de proteger a quienes intentan hacer bien su trabajo, el sistema castiga su integridad.
Hoy, los trabajadores del Hospital San José —y de todo el sistema de salud— entienden que la obediencia a la ley puede ser castigada si incomoda a los poderes de turno. Y eso, en un Estado de Derecho, es inaceptable.
La ética en crisis
Mientras la justicia investiga una querella por prevaricación administrativa, el SSMN reorganiza la estructura del hospital para garantizar que nada se investigue con libertad. Mientras la fiscal Erika Dahl actúa con rectitud, quienes debieron protegerla le cierran puertas y castigan a quien no quiso sacarla. Mientras se habla de transparencia, el aparato institucional premia la obediencia y sanciona la verdad.
Este caso ya no sólo involucra a un director del Servicio. Involucra al Ministerio de Salud, a La Moneda y a un modelo de gestión pública que castiga la ética cuando estorba.
