Este jueves, la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Zacarías Monsalve Benavides, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando dejar sin efecto la medida de prisión preventiva decretada en su contra el pasado 2 de abril. El exfuncionario enfrenta cargos por violación y abuso sexual, derivados de hechos ocurridos en septiembre de 2024 y formalizados por el Ministerio Público en noviembre del mismo año.
El defensor público Víctor Providel sostiene que la resolución que mantuvo la prisión preventiva carece de la motivación y fundamentación exigida por la ley, infringiendo los artículos 36, 122 y 143 del Código Procesal Penal, además de vulnerar las garantías constitucionales de su defendido. La defensa alega que los nuevos antecedentes expuestos en audiencia —incluyendo declaraciones del imputado, análisis de mensajería, videos, peritajes cuestionados y el tiempo transcurrido desde la detención— fueron desestimados sin un análisis sustancial por parte del tribunal.
Entre los argumentos clave se incluye que el informe sexológico no acredita categóricamente una relación sexual, mientras que el informe genético forense arroja muestras con concentración insuficiente de ADN, lo que, según la defensa, permite suponer una posible contaminación secundaria. Asimismo, cuestionan la interpretación del Ministerio Público sobre la supuesta plena conciencia del imputado durante los hechos, citando una intensa actividad en redes sociales y uso de su teléfono celular como prueba en su contra.
El recurso también critica que la jueza Carla Cappello Valle, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, omitió referirse a alegaciones fundamentales de la defensa, como la supuesta falta de dolo del imputado, su arraigo familiar y social, y la desproporcionalidad de la medida cautelar. Según la defensa, el mantenimiento de la prisión preventiva se basa en afirmaciones genéricas, sin precisar hechos concretos que justifiquen la privación de libertad.
El recurso solicita que la Corte de Apelaciones deje sin efecto la prisión preventiva y la reemplace por medidas cautelares menos gravosas, como arresto domiciliario total, prohibición de acercamiento a la víctima y arraigo nacional.
El caso continúa generando amplio debate público debido al cargo político que ostentaba Monsalve al momento de los hechos y al impacto institucional que ha tenido su formalización.
