El pasado miércoles, las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Chile cerraron temporalmente debido a un paro de trabajadores. Esta medida fue encabezada por la Federación Nacional de Asistencia Judicial (Fenadaj), que representa al 70% de los funcionarios de la CAJ. La movilización responde a varias razones, incluyendo la sobrecarga laboral, problemas de infraestructura y la violación de un acuerdo de homologación salarial firmado en 2023.
El acuerdo, que pretendía equiparar las remuneraciones bajo el lema “misma función = mismo sueldo”, no ha sido cumplido según los funcionarios, con mínimos avances desde su firma por Jaime Gajardo Falcón (PC) durante su mandato como Subsecretario de Justicia. Esto ha desatado el descontento entre los trabajadores que exigen respuestas y acciones concretas.
Un problema crítico es la sobrecarga laboral, con abogados manejando cientos de causas. Esto ha afectado tanto la salud de los trabajadores como la calidad del servicio brindado a la comunidad. También se han denunciado problemas de infraestructura en varias oficinas, especialmente en la Región Metropolitana, donde la falta de seguridad y el cierre de sedes ha complicado aún más las operaciones.
Desde el Gobierno, la Subsecretaría de Justicia ha estado dialogando con los dirigentes, logrando avances en siete de los ocho puntos discutidos. Sin embargo, la falta de cumplimiento inmediato ha llevado a que las demandas no se resuelvan completamente, con los funcionarios exigiendo una respuesta ágil y efectiva a sus peticiones.
Este escenario demuestra la urgente necesidad de atender las demandas de los trabajadores para asegurar una atención jurídica de calidad a quienes más lo necesitan en Chile.
