Washington. La controversia en torno a la deportación de Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland, ha escalado tras la reciente intervención de un juez federal. La jueza Paula Xinis emitió un fallo que ordena al gobierno de Trump la repatriación de Abrego García a Estados Unidos antes del lunes por la noche.
Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia están preparando una defensa sólida y han argumentado que este tipo de orden judicial sobrepasa la autoridad de la corte. Según ellos, obligar al gobierno a actuar frente a una potencia extranjera, como en este caso El Salvador, resulta ser “constitucionalmente intolerable”.
La situación genera incertidumbre no solo para Abrego García, quien fue deportado “por error”, sino también para el sistema judicial estadounidense, que se enfrenta a un desafío sobre los límites de su influencia en asuntos de relaciones exteriores. En este sentido, el Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito ha solicitado que los abogados de Abrego García respondan a la apelación del gobierno antes del domingo por la tarde.
Este caso pone de relieve las complicaciones que pueden surgir cuando se cruzan los caminos de la ley, la política de inmigración y las relaciones internacionales, quedando en el aire la cuestión de hasta dónde pueden llegar las órdenes judiciales en el contexto de la deportación y las interacciones con países soberanos.
