Isabel Allende: destitución y el trasfondo político de una decisión histórica Por: Claudia Molina B. La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de destituir a la senadora Isabel Allende Bussi no sólo marca un precedente jurídico en Chile, sino que también pone en evidencia una trama política de mayor envergadura. Detrás de la resolución que […]

Isabel Allende: destitución y el trasfondo político de una decisión histórica

Por: Claudia Molina B.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de destituir a la senadora Isabel Allende Bussi no sólo marca un precedente jurídico en Chile, sino que también pone en evidencia una trama política de mayor envergadura. Detrás de la resolución que la aparta de su escaño, lo que realmente se debate es el uso de la institucionalidad como herramienta de presión y castigo político, en un país donde la memoria histórica sigue siendo un campo de batalla.

La acusación que llevó a su destitución se centra en la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende al Estado chileno para convertirla en un museo. Sus detractores argumentan que esta transacción vulneraba principios de probidad, mientras que sus defensores aseguran que no hubo dolo ni enriquecimiento personal. Lo llamativo es que el mismo estándar de juicio no se ha aplicado con igual severidad en otros casos recientes de corrupción en la política chilena. Esto plantea la pregunta: ¿se trata realmente de justicia o de una operación con un claro trasfondo político?

El uso del Tribunal Constitucional como arma política

El Tribunal Constitucional ha sido históricamente una institución polémica en Chile. En reiteradas ocasiones, ha servido como una suerte de “tercera cámara”, con fallos que han inclinado la balanza en favor de determinados sectores políticos. La destitución de Allende ocurre en un contexto de ofensiva de la derecha y sectores conservadores, que han sabido utilizar los mecanismos institucionales para debilitar a sus adversarios. El hecho de que Maya Fernández, exministra de Defensa y nieta de Salvador Allende, también haya sido apartada del Gobierno recientemente, refuerza la tesis de una embestida política concertada contra la familia del expresidente derrocado en 1973.

Esta movida, lejos de ser un episodio aislado, se inscribe en un clima de revanchismo histórico. La derecha radical y sectores del conservadurismo han buscado debilitar el legado de la Unidad Popular, particularmente en el año en que Chile conmemoró los 50 años del golpe de Estado. La memoria histórica sigue dividiendo a la sociedad, y no es casualidad que figuras emblemáticas del socialismo sean objeto de ataques coordinados.

Errores y falta de estrategia política

Más allá del trasfondo político y la evidente instrumentalización del Tribunal Constitucional, Isabel Allende también cometió errores que facilitaron su destitución. Su actuar en la cuestionada venta de la casa de su padre al Estado careció de prolijidad y estrategia política, dejando espacio para que sus adversarios utilizaran el caso en su contra. Si bien el objetivo de convertir la residencia en un museo era legítimo, la falta de transparencia en el proceso permitió que se instalara la narrativa de un conflicto de interés, algo que en el actual clima de desconfianza hacia la clase política se tradujo en un grave error de cálculo.

Además, su figura dentro del socialismo ha sido débil en términos de liderazgo y conducción política. A diferencia de otros líderes históricos del PS, su capacidad de maniobra y de generar respaldo dentro y fuera del partido ha sido limitada, lo que la dejó expuesta cuando sus detractores decidieron avanzar contra ella. No supo anticipar la embestida ni generar los apoyos necesarios para defender su posición con contundencia. En la política, los errores estratégicos pueden ser tan letales como los ataques de los adversarios, y en este caso, Isabel Allende pagó el precio de subestimar la fuerza de quienes querían verla fuera del Senado.

¿Un precedente peligroso?

Si bien las instituciones deben velar por la transparencia y la probidad, la destitución de Isabel Allende sienta un precedente preocupante. No porque los parlamentarios deban gozar de impunidad, sino porque queda la sensación de que la vara de medición es distinta dependiendo de quién esté en el banquillo. Si este criterio se aplicara con el mismo rigor en otros casos, probablemente el Congreso vería una renovación masiva de rostros.

Más allá de las posturas políticas, lo cierto es que este episodio marca un punto de inflexión en la historia reciente de Chile. Se ha logrado lo que los adversarios de la senadora nunca pudieron conseguir en las urnas: sacarla del camino por la vía institucional. Y eso, sin duda, abre un peligroso capítulo en la política

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