La Contraloría General de la República (CGR) ha decidido abrir una investigación a fondo sobre el funcionamiento de Gendarmería, luego de découvrir serias falencias en el sistema de bloqueo de señales telefónicas utilizado en las cárceles chilenas, concretamente en las de Pedro Montt, Santiago 1 y el Penal de Alta Seguridad.
Todo se origina en el Informe Reservado 642, fechado el 18 de marzo de 2025, al que tuvo acceso el programa Informe Especial de TVN. Este extenso documento de 81 páginas revela que, a pesar de la implementación de un costoso sistema, diseñado para garantizar la seguridad y evitar comunicaciones ilegales desde el interior de las cárceles, los internos siguen teniendo acceso a teléfonos móviles y a internet sin restricciones.
La inversión del gobierno, que supera los $5.600 millones, fue presentada en abril de 2024 como un proyecto innovador bajo el nombre de “sistema guardián”, pero la realidad parece ser bastante distinta. Según la CGR, los celulares en la lista negra continúan operando a través de redes Wi-Fi cercanas y tarjetas SIM no bloqueadas, lo que pone en tela de juicio tanto la eficacia del sistema como la vigilancia de Gendarmería.
El informe indica que el servicio, adjudicado a las empresas israelíes Septier Communication y la chilena TIER 1, presenta vulnerabilidades que no fueron consideradas al momento de la firma del contrato. A pesar de tales irregularidades, se procedió a pagar más de $471 millones por un sistema que, de acuerdo a ciertos criterios, nunca cumplió con su función principal.
Por si fuera poco, Gendarmería ha admitido que la interferencia de antenas de telefonía móvil aledañas ha complicado aún más el propósito de bloqueo, y que los internos han encontrado métodos creativos para sortear las medidas de seguridad. Todo esto deja una pregunta en el aire: ¿hacia dónde van los recursos del estado en un sistema que se supone debe proteger a la seguridad pública?
