El gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado con vehemencia ante la decisión de Chile de llevar el caso del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda a la Corte Penal Internacional (CPI). En un comunicado, el canciller Yván Gil calificó la acción chilena como una “ridícula maniobra” y acusó al país sudamericano de actuar bajo un “odio vicioso”, presuntamente influenciado por Estados Unidos.
En su mensaje, Gil enfatizó que “la CPI no es un escenario para montajes mediáticos ni fábulas politiqueras”, desestimando los argumentos jurídicos que presentó Chile para justificar su intervención.
La respuesta de Venezuela se produce en un momento crucial, ya que el canciller chileno, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, se encontraban en La Haya entregando información a la CPI. Según las autoridades chilenas, el crimen de Ojeda, quien fue un exmilitar opositor al chavismo y había buscado refugio en Chile, tiene una “motivación política” clara. Valencia aseguró que las pruebas recabadas son “más que contundentes” y podrían reforzar la investigación que la CPI ya está llevando a cabo sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Recordemos que Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por individuos que se hicieron pasar por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI). Su cuerpo fue hallado días después, enterrado bajo concreto en las afueras de Santiago, lo que generó un gran revuelo político y social en la región.
