El pasado viernes 21 de marzo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio luz verde a una serie de diligencias impulsadas por la Fiscalía Regional de O’Higgins. Esto ocurre en medio de una alarmante investigación que involucra al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y al abogado Luis Hermosilla, por presunto tráfico de influencias y cohecho.
Una de las medidas más relevantes autorizadas por el juzgado es la solicitud a la Fiscalía Metropolitana Oriente de los registros de conversaciones entre Hermosilla y dos jueces del tribunal capitalino: el ministro Alejandro Aguilar y la fiscal judicial Ana María Hernández. Sin embargo, hasta el momento, esta petición aún no se ha concretado, según lo informado por Ciper Chile.
Ambos magistrados, designados en enero de 2022, fueron promovidos por Ulloa, quien los calificó como “candidatos leales y de nuestro sector”. Esta conexión ha llevado a que la investigación se concentre en ellos y sus lazos con el ahora escandaloso “Caso Hermosilla”.
La situación se complicó aún más esta semana con los allanamientos efectuados en las oficinas de Ulloa, del ministro del Tribunal Constitucional Héctor Mery y del exasesor presidencial Andrés Sotomayor. Las pesquisas han revelado que al menos 14 nombramientos judiciales están bajo la lupa, relacionados con gestiones que podrían haber beneficiado a ciertos postulantes en base a influencias políticas.
Los intercambios de mensajes entre Ulloa y Hermosilla, difundidos por medios como CIPER y The Clinic, insinúan coordinaciones para que el abogado interceda en favor de figuras del Ejecutivo, como el exministro del Interior Andrés Chadwick. En un audio impactante de diciembre de 2021, Ulloa solicita a Hermosilla que ayude a Hernández, revelando la preocupación de que sus chances se verían comprometidas por razones políticas.
Además, la Fiscalía investiga posibles conexiones con exasesores del segundo gobierno de Sebastián Piñera, como Pablo Urquízar y Benjamín Salas. A medida que avanza la investigación, se espera que el Ministerio Público pida nuevas diligencias y formalizaciones, poniendo en jaque la legitimidad del sistema judicial chileno.
