La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins ha activado una serie de investigatorias relacionadas con los nombramientos judiciales en Chile, específicamente en el caso conocido como ‘Audios’. Esta operación ha llevado a allanamientos en las residencias de exasesores del gobierno de Sebastián Piñera, incluyendo al actual ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, y al ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa.
Las acciones de la Fiscalía se centran en el interés de Ulloa en 14 nombramientos judiciales, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre los métodos y procesos detrás de estas decisiones. La situación se agrava con las revelaciones de Ciper, donde se menciona que el abogado Luis Hermosilla hizo gestiones para asegurar el nombramiento de Ulloa como magistrado, además de otros jueces.
Uno de los involucrados, Pablo Urquízar, excoordinador de la Macrozona Sur y parte del equipo programático de seguridad de Evelyn Matthei, ha manifestado su disposición a colaborar con la Justicia. A pesar de estar en la mira, Urquízar enfatiza que su rol en La Moneda se limitaba a asesorar en temas de Seguridad, Defensa y Justicia, y que no tuvo intenciones de influenciar nombramientos judiciales.
Sin embargo, la situación plantea serias preguntas sobre la transparencia del sistema judicial chileno y la integridad de los procesos de nombramiento. Las indagaciones continúan, y el desafío para la Fiscalía es determinar la amplitud de la injerencia política en estos nombramientos.
