La trama de corrupción en la que se ve envuelto el diputado Joaquín Lavín León se complica aún más con la extensión de una invitación formal por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que lo cita a declarar como imputado en relación a la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga, en Maipú entre 2016 y 2021.
Las sospechas contra Lavín no son ligeras, pues el parlamentario es investigado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. Esta pesquisa surge tras una querella presentada por la municipalidad de Maipú, que apunta precisamente a las irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de Barriga.
La fiscal del caso, Constanza Encina, inició la investigación en octubre del año pasado, llevando a cabo un allanamiento en las oficinas del diputado y en su casa en Peñaflor, donde se incautaron material probatorio clave, incluidos dispositivos electrónicos.
El tipificado “invitar” a Lavín a declarar es, en realidad, un procedimiento necesario dado su fuero parlamentario. La audiencia está programada para abril, pero la fecha podría verse afectada por la formalización de Barriga, prevista para el 15 de abril.
Asimismo, la Fiscalía espera un informe contable que podría revelar un fraude que supera los $15 millones, vinculado con la emisión de falsas facturas relacionadas con un servicio que jamás se prestó, conocido como el servicio de panfletería para la “Ley Cholito”.
Especulaciones sobre su desafuero y una posible prisión preventiva están en el aire, especialmente tras la reciente devolución de $7 millones al Congreso por concepto de “facturas”, un movimiento que parece más bien parte de una defensa ante las acusaciones que una clara declaración de inocencia.
