Por: Claudia Molina B.
Cada 24 de marzo, Argentina conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando a las víctimas de la dictadura cívico-militar que comenzó en 1976. Este día es una invitación a la reflexión sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y el rol fundamental que ha tenido la justicia en la reparación histórica.
Tanto Argentina como Chile compartieron el oscuro legado de regímenes dictatoriales en la segunda mitad del siglo XX. En Argentina, la dictadura liderada por Jorge Rafael Videla con la Junta Militar impuesta (1976-1983) implementó un plan sistemático de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, dejando un saldo de aproximadamente 30.000 desaparecidos. En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) también se caracterizó por la represión brutal, con miles de ejecutados, detenidos desaparecidos y exiliados. En ambos países, el terrorismo de Estado no sólo buscó eliminar a opositores políticos, sino también instaurar un modelo de sociedad basado en el miedo y la censura.
Sin embargo, la forma en que ambos países han abordado la justicia transicional presenta diferencias significativas. En Argentina, con el retorno de la democracia en 1983, se intentó juzgar a los responsables con el histórico Juicio a las Juntas, aunque posteriormente leyes de impunidad como el Punto Final y la Obediencia Debida suspendieron estos procesos. No fue sino hasta los años 2000 que, con la declaración de nulidad de estas leyes, se reactivaron los juicios y cientos de responsables fueron condenados. La lucha de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo fue clave en este proceso.
En Chile, en cambio, la transición fue más gradual y la justicia tardó décadas en avanzar. Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del Ejército hasta 1998 y luego fue senador vitalicio, lo que garantizó un alto grado de impunidad. Si bien en el siglo XXI se han llevado a cabo juicios contra agentes represivos, muchas condenas han sido tardías y en algunos casos, beneficios carcelarios han reducido el impacto real de las penas. La falta de una justicia más rápida y contundente ha sido una deuda pendiente en el proceso chileno.
A pesar de estas diferencias, ambos países han hecho esfuerzos por la memoria y la reparación, aunque los debates sobre el pasado siguen presentes. En Argentina, sectores políticos han intentado relativizar los crímenes de la dictadura, mientras que en Chile, la negación y minimización de estos hechos también persisten en algunos sectores.
El negacionismo histórico promovido por el presidente Javier Milei en Argentina y sectores de la derecha radical en Chile representan un grave retroceso en la memoria colectiva y la justicia. Al relativizar o minimizar los crímenes de las dictaduras militares, estos sectores intentan reescribir la historia para legitimar ideologías autoritarias y deslegitimar décadas de lucha por los derechos humanos. En Argentina, Milei y sus aliados han cuestionado las cifras de desaparecidos y han atacado a organismos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, debilitando el consenso democrático sobre el terrorismo de Estado. En Chile, figuras de la derecha radical han buscado justificar la dictadura de Pinochet bajo la narrativa del “mal menor”, negando el sufrimiento de miles de víctimas.
Esta narrativa negacionista no sólo distorsiona la historia, sino que también polariza a la sociedad y profundiza las heridas del pasado. Al relativizar las violaciones a los derechos humanos, se margina a las víctimas y se obstaculiza la reconciliación nacional. En Argentina, el negacionismo mina el compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia, lo que podría llevar a un debilitamiento de los juicios contra represores. En Chile, el intento de blanquear el pasado militar dificulta el avance de reformas democráticas y mantiene una fractura entre quienes defienden la memoria histórica y quienes la rechazan.
La normalización de discursos negacionistas pone en riesgo la convivencia democrática al generar desconfianza en las instituciones y fomentar la intolerancia. Sociedades que no reconocen su pasado corren el peligro de repetirlo y, el debilitamiento del consenso sobre los crímenes de Estado abre la puerta a futuras regresiones autoritarias. Tanto en Argentina como en Chile, el negacionismo debe ser combatido con educación, memoria y justicia, fortaleciendo la verdad histórica como base para una convivencia democrática sana y respetuosa.
El Día de la Memoria no es sólo un recordatorio del pasado, sino un compromiso con el futuro. Argentina y Chile han demostrado que, a pesar de las dificultades, la lucha por la verdad y la justicia es un camino que no puede abandonarse. En una época en que resurgen discursos autoritarios, recordar el pasado es una herramienta fundamental para evitar que la historia se repita.
