El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha decidido tomar cartas en el asunto tras la filtración de un informe de Contraloría que revela las graves vulneraciones en el sistema de inhibidores de señal dentro de las cárceles chilenas.
Este miércoles, se hizo público un documento que no solo expone que reos estaban utilizando teléfonos a pesar de la presencia de dispositivos inhibidores, sino que también confirmaron el uso de redes WiFi cercanas para eludir la seguridad. Esta realidad encendió las alarmas en el gobierno, llevando a Gajardo a afirmar que se trata de un informe reservado que no debe llegar a manos equivocadas, haciendo referencia a los líderes de bandas criminales que actualmente operan en el país.
Gajardo enfatizó que se interpondrá una denuncia por violación de secreto según el artículo 246 del Código Penal, instando al Ministerio Público a actuar contra quienes filtraron el informe. Además, aseguró que el sistema sigue operativo y que se están ejecutando las recomendaciones de Contraloría, con miras a expandir su implementación a otros establecimientos penitenciarios.
Expertos en la materia, como el exsubsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf, argumentan que la situación debe abordarse de manera integral. Huichalaf cuestionó no solo la tecnología empleada, sino también la falta de personal capacitado en Gendarmería para monitorear y mantener estos sistemas. Se requieren soluciones tecnológicas que vayan más allá de la simple inhibición de voz, dado que los reos now utilizan aplicaciones de mensajería para comunicarse.
Por otro lado, la Contraloría se está coordinando con el ministro para implementar medidas que prevengan futuras filtraciones de información sensible, mientras que el Fiscal Nacional Ángel Valencia ha confirmado que dará prioridad a esta investigación dadas las implicancias para la seguridad penitenciaria.
