El 7º Juzgado de Garantía de Santiago ha encendido las alarmas sobre la posible imputación de la exministra Marcela Sandoval en el escándalo relacionado con la fallida compraventa de la emblemática casa de Salvador Allende. Sandoval, quien se desempeñaba como ministra de Bienes Nacionales, fue clave en la firma de un contrato por millones en diciembre, que buscaba adquirir el inmueble ubicado en Guardia Vieja 392, propiedad de figuras políticas, incluyendo a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende.
La controversia ha sido amplificada por la fundación Fuerza Ciudadana, que, bajo la representación del abogado Raimundo Palamara, presentó una querella por fraude al fisco que involucra también al presidente Gabriel Boric y a otros actores clave. Esta causa ha sido asignada al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien ya se encuentra investigando los pormenores de la transacción.
En medio de este mar de acusaciones, Sandoval ya ha prestado declaración ante la fiscalía, asegurando que alertó al equipo presidencial sobre los posibles problemas que podrían surgir de esta transacción altamente cuestionada. Por su parte, el presidente Boric se defiende afirmando que su intención al plantear la compra del inmueble no era la de enriquecerse ilícitamente. Sin embargo, la situación se complica, ya que Boric también comparecerá ante el fiscal Cooper como imputado, lo que podría añadir más presión sobre su administración y sus decisiones.
