La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha lanzado una propuesta que seguramente generará polémica: la posible implementación de la pena de muerte para aquellos culpables del alarmante aumento de homicidios en el país. Esta medida se debe a la creciente ola de violencia criminal y al reciente despliegue militar tanto en Lima como en la provincia de Callao.
Desde que Juan José Santiváñez asumió como ministro del Interior, la situación ha llegado a niveles críticos, con más de 1.800 personas víctimas de homicidios en un lapso de ocho meses. Esta cifra ha llevado a numerosos sectores políticos a exigir su destitución, reflejando la insatisfacción generalizada con la gestión de seguridad pública.
Uno de los eventos que ha reafirmado la exigencia de una respuesta más severa fue el asesinato de Paul Flores, cantante del famoso grupo de cumbia local Armonía 10. El artista fue atacado a balazos mientras se desplazaba en un bus por la capital peruana, un hecho que ha conmocionado a la ciudadanía y ha puesto de manifiesto la urgencia de medidas más drásticas.
Boluarte, en su intento por frenar esta escalada de violencia, considera la pena de muerte como un posible recurso, una medida que ha suscitado opiniones divididas entre expertos y políticos. La pregunta ahora es si esta medida será suficiente para apaciguar el caos en las calles peruanas o si, por el contrario, es simplemente una reacción desesperada ante una crisis que parece no tener fin.
