Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Iquique tomó la controvertida decisión de confirmar la sexta suspensión condicional del procedimiento en la causa de las Cajas de Alimentos, afectando al empresario Jorge Venegas López, quien enfrenta acusaciones de fraude al fisco. Esta medida se ha dado bajo la condición de que Venegas pague una suma de $20.826.600, lo que ha generado una ola de críticas en el ámbito jurídico.
La situación ha sido percibida como un mensaje equivocado hacia la ciudadanía, según los abogados querellantes. La Fiscalía y los tribunales parecen estar enviando un mensaje que podría hacer que la población cuestione la seriedad con la que se manejan los casos de corrupción.
Por su parte, el empresario Venegas ha defendido esta resolución, argumentando que este acuerdo es la prueba de su inocencia y que la decisión de aceptar la suspensión condicional fue para “darle un cierre definitivo a esta desagradable situación”. Sin embargo, el hecho de que el 25 de marzo se inicie la audiencia de preparación para el juicio oral contra otros ocho imputados, incluido el ex intendente de Tarapacá, Miguel Quezada Torres de la UDI, plantea serias interrogantes sobre la gestión de justicia en este escandaloso caso.
