El policía Elías Montenegro se convirtió en la figura emblemática del mal manejo de la represión por parte del gobierno, al ingresar al hospital Argerich gritando: “¡No me corten el brazo!”. Inicialmente, su herida en el codo izquierdo no parecía grave, pero resultó en una fractura que lo llevó a pasar por el hospital Italiano. Lo sorprendente fue que los médicos encontraron pequeñas pelotitas de goma en su brazo, evidencias de los perdigones que usan las fuerzas de seguridad.
Montenegro fue listado como el único policía herido con arma de fuego durante la marcha en defensa de los jubilados, pero las fuentes del hospital sugieren que su lesión fue accidental, provocada por un compañero. Mientras tanto, la ministra Patricia Bullrich intenta desviar la atención apuntando al supuesto uso de armas por parte de los manifestantes, sin evidencias que lo respalden.
La situación se hace aún más caótica al denunciar a hinchas inocentes como los culpables detrás de los disturbios. Gastón Ruiz, un hincha de Chicago, se encontró en el centro de una tormenta mediática tras ser identificado erróneamente entre los “barras violentos”. A pesar de tener pruebas de su inocencia, el daño a su reputación ya estaba hecho y tuvo que recurrir a la ayuda legal.
Las tácticas de represión continuaron siendo cuestionadas, con acusaciones de que la policía infiltró a supuestos recolectores de residuos para provocar disturbios. Y mientras Bullrich defiende la legalidad de las acciones de su personal, expertos como el físico forense Guillermo Pregliasco demuestran que el uso de proyectiles de gas fue evidente y deliberado, contradiciendo las afirmaciones gubernamentales de actuar de manera disuasoria.
La contradicción entre las declaraciones oficiales y la realidad observada por quienes estaban en la marcha llama la atención, revelando un panorama oscuro en la gestión de la seguridad y el respeto por los derechos humanos.
