En medio de las multitudinarias protestas del 10 de enero de 2020, mientras miles se congregaban en Plaza Baquedano, en una lujosa residencia de Vitacura se gestaba una reunión clandestina. ¿Los asistentes? Nada menos que el expresidente Sebastián Piñera, el exministro del Interior Andrés Chadwick y el entonces fiscal Manuel Guerra.
Según revelan chats incluidos en una reciente querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el objetivo de este exclusivo cónclave era alertar a Piñera (Sebastián) sobre ciertos grupos operando en Santiago y anticipar lo que podría ocurrir en marzo. Guerra, aprovechando su posición, habría compartido información confidencial del Ministerio Público.
La querella acusa a Guerra y al abogado Hermosilla de cohecho, violación de secreto y prevaricación. Mientras tanto, la defensa de ambos desestima las acusaciones, calificándolas de “politizadas”. Los chats evidencian una constante comunicación y el uso indebido de información sensible.
Una vez más, queda en evidencia cómo estos personajes movían los hilos lejos de la mirada pública con el objetivo de obtener réditos tanto en imagen pública del gobierno de ese entonces y abultar cifras en la percepción de la ciudadanía ante los hechos para mejorar la valoración del Ejecutivo.
Si bien este tema contaba con todo el interés nacional, sin duda que contaba, además, con otro interés para los participantes de la reunión secreta y ese interés se debía al desarrollo de estrategias para defender a los querellados por violaciones a los Derechos Humanos utilizando la información interna del Ministerio Público con detalles de los distintos casos contra las autoridades aludidas.
No cortan ni un queque
De acuerdo con los hallazgos de los chats con fecha 23 de noviembre de 2020, el exfiscal Guerra profundizó con Luis Hermosilla el tema de las responsabilidades penales en violaciones a derechos humanos durante el estallido. Según se detalla, en esta conversación Guerra señala “Estoy en reunión. Explicando temas relativos a la atribución de responsabilidad de los casos de violencia institucional y responsabilidad penal de los mandos”. Sobre posibles formalizaciones, y agregó que “no creo. No cortan ni un queque”.
¿Quién quemó el metro?
Mientras Guerra fungía como fiscal metropolitano Oriente, capitaneó investigaciones por ataques al Metro. ¿Los resultados? Guerra determinó cerrar diversas causas sin formalizar a nadie y aplicó enseguida la orden de “no perseverar” en incendios de estaciones como Trinidad, Los Quillayes y Macul y Estación Pedrero. Curiosamente, sólo en el caso del incendio de la Universidad Pedro de Valdivia, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, condenó a 5 años y 1 día de prisión en régimen cerrado a Alejandro Carvajal Gutiérrez, que para ese año aún era adolescente y estudiante secundario.
Por otra parte, la querella del CDE destaca que los querellados sostuvieron ‘atención y comunicación‘ constante con relación al estallido, aprovechando su acceso a información sensible. “Guerra le comenta a Hermosilla acerca de conversaciones internas del Ministerio Público”, enfatiza el texto judicial.
Sin duda que estos casos deben ser revisados, analizados y estudiados minuciosamente, pues con los antecedentes de las maniobras de Manuel Guerra, lo que queda claro es que no existió imparcialidad. Son más dudas que certezas y, por supuesto, una evidente operación política para contrarrestar el impacto social que podría enfrentar un gobierno que le declaró la “guerra al pueblo chileno”.
