Más de 1.500 casos de violaciones a los DD.HH. durante el estallido social quedarán en la impunidad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la ANEF entregaron una carta al Fiscal Nacional denunciando la “política represiva” del Estado. “Es un respaldo a la criminalización de la protesta”, sentenciaron.
“Hoy hay siete jóvenes suicidados por falta de reparación. Esto es impunidad institucionalizada”, reveló Alicia Lira, presidenta de Familiares de Ejecutados Políticos.
Patricio Lama de la ANEF fue contundente: “Sin justicia no hay ‘nunca más'”. La carta critica la “negligencia deliberada” para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno de Piñera, a quien Boric llamó “demócrata” paradójicamente.
¿Resultado? Carabineros sigue blindado: 36 muertes, 450 mutilados y abusos sexuales en comisarías quedan sin castigo. Las víctimas exigen: ¡Basta de archivos convenientes!
