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Claudio Orrego en el centro de la polémica que desató la CGR por uso indebido de fondos públicos

Una auditoría de la Contraloría General de la República ha desatado un sismo político en la Región Metropolitana, poniendo en el centro de la polémica al gobernador Claudio Orrego. A escasos meses de su reelección, el informe de 154 páginas sacó a la luz el presunto uso indebido de fondos públicos para actividades vinculadas directamente […]

Una auditoría de la Contraloría General de la República ha desatado un sismo político en la Región Metropolitana, poniendo en el centro de la polémica al gobernador Claudio Orrego. A escasos meses de su reelección, el informe de 154 páginas sacó a la luz el presunto uso indebido de fondos públicos para actividades vinculadas directamente a la campaña política de Orrego para 2024.

El documento revela que más de $31 millones se habrían destinado a contratar a Vera y Asociados S.A. para una ‘asesoría especializada en gestión institucional’. Sin embargo, al menos 16 de las 52 sesiones de ‘coaching directivo’ estuvieron enfocadas en estrategias electorales, un uso de recursos que podría configurar un delito, según el informe.

Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha iniciado un procedimiento disciplinario dentro del GORE Metropolitano para determinar posibles responsabilidades administrativas. Además, la situación ha sido remitida al Ministerio Público, que evaluará la apertura de una investigación penal potencialmente enfocada en delitos como malversación de fondos públicos o fraude al Fisco.

Las minutas de las reuniones de ‘coaching’, analizadas por Contraloría, revelan un alto contenido político que incluye menciones a la estrategia de Orrego frente al Partido Comunista y su frustración por no aparecer en listas presidenciales. Otros detalles impactantes incluyen tácticas para diferenciarlo de su contendor, Francisco Orrego, y la mención de estrategias comunicacionales inspiradas en el presidente argentino Javier Milei.

El informe no solo detalla estos casos, sino que también destaca otras irregularidades como pagos erróneos de horas extras y discrepancias de $21 mil millones entre registros contables y egresos reales. Aunque el entorno de Orrego aún no ha respondido oficialmente, este informe podría abrir un nuevo frente judicial, exponiendo vulnerabilidades en los controles del gasto público regional.

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