La reciente revelación de que 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica ha generado un intenso debate y una serie de acciones por parte de las autoridades chilenas. En el centro de esta polémica se encuentra la contralora Dorothy Pérez, quien presentó un informe detallado al Senado sobre los hallazgos y las metodologías empleadas para descubrir estas irregularidades.
Pérez destacó que desde 2014 se han realizado 105 auditorías para abordar este problema, y se propuso intensificar la fiscalización anual. Además, instó a los poderes legislativos a dotar de más atribuciones a la Contraloría para poder investigar y sancionar sin restricciones, señalando que enfrentan limitaciones significativas en comparación con otras contralorías a nivel mundial.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda, liderado por Mario Marcel, presentó un balance sobre los sumarios iniciados en respuesta al informe. En total, 131 instituciones están involucradas, afectando a 6.592 funcionarios. A pesar de esto, una cantidad significativa de casos permanecerá sin resolución debido a renuncias previas o destituciones.
Las renuncias han sido también parte del escándalo, afectando a figuras como Carmen Monsalve Benavides de la Superintendencia de Salud y Patricio Baronti de Metro. Ambos se encuentran bajo investigación por licencias fraudulentas. Mientras tanto, debates han surgido en el Congreso debido a la falta de autonomía de la Contraloría respecto a este cuerpo, llevándolos a abrir sus propias investigaciones internas.
Por otro lado, el juez Eduardo Fritz, vinculado a la polémica, presentó su renuncia a un cargo gremial tras autodenunciarse, intentando preservar la reputación de la Asociación de magistrados del Maule. Este caso se discutirá en una sesión especial del Tribunal Pleno de la Corte de Talca.
