El intrincado caso del proyecto minero-portuario Dominga continúa con nuevas polémicas. La lectura pública ha sido relativamente silenciosa en comparación con la actividad frenética en los tribunales. Recientemente, la Corte Suprema dejó en acuerdo la admisibilidad de dos casaciones presentadas contra el fallo del Primer Tribunal Ambiental de 2024. Esta decisión pone al ministro Jean Pierre Matus en el centro del proceso, ya que se le ha asignado la tarea de redactar el fallo. Sin embargo, su nombramiento ha generado controversia debido a una recusación presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), argumentando un posible conflicto de interés debido a su relación con el abogado Marcelo Castillo Sánchez, relacionado con el caso.
Por su parte, el Tribunal Constitucional negó la participación de Andes Iron SPA en las audiencias públicas relacionadas con la contienda de competencia iniciada por el SEA con el Primer Tribunal Ambiental. Este movimiento es percibido por grupos ambientales como una victoria parcial, ya que limita la influencia directa de la empresa en el proceso.
Mientras tanto, Andes Iron ha intensificado su ofensiva tanto administrativa como comunicacional. El gerente general Pedro Ducci envió cartas a varios organismos regionales y municipales, buscando avanzar en la obtención de más de 700 permisos sectoriales necesarios para el inicio de la construcción del proyecto, valorizado en más de 2.500 millones de dólares. Aunque presentado como un paso hacia el desarrollo sostenible, la empresa enfatiza su adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
En el ámbito gubernamental, estas acciones han sido vistas con preocupación, sobre todo porque el proyecto sigue judicializado y no cuenta con una resolución ambiental definitiva. A pesar de sus esfuerzos por legitimar su proyecto, Andes Iron enfrenta un camino complejo y lleno de desafíos legales antes de poder comenzar la construcción. La tensión y los intereses en juego mantienen a Dominga como un punto de atención en el panorama ambiental y judicial de Chile.
