En un esfuerzo por controlar el flujo migratorio y preservar la seguridad interna, el Gobierno de Chile ha llevado a cabo la expulsión de 34 migrantes en un vuelo gestionado por la Fuerza Aérea de Chile hacia Bolivia, Colombia y República Dominicana. Este operativo fue realizado en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), que desempeñó un papel crucial en la localización y detención de los implicados.
Del total expulsado, 21 personas enfrentaron medidas administrativas debido a delitos como tráfico de drogas y hurto, mientras que otros 13 fueron deportados por sentencia judicial tras haber cometido crímenes graves. Estas acciones son parte de una estrategia mayor del gobierno para gestionar los desafíos migratorios, que este año ya ha resultado en la expulsión de 402 personas, una cifra que marca una disminución respecto a las 1.100 expulsiones realizadas en 2024.
El Servicio Nacional de Migraciones ha sido un actor clave en la implementación de estas medidas, que buscan no solo abordar las preocupaciones de seguridad, sino también organizar el flujo migratorio de manera que beneficie a todos los sectores de la sociedad. El control migratorio sigue siendo una prioridad en la agenda nacional, con medidas que, si bien son firmes, deben garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.
