Por Claudia Molina B.| Factos Reportajes A pocos metros del corazón político del país y bajo la tutela del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), el Hospital Clínico San Borja Arriarán enfrenta una crisis de seguridad que no es nueva, pero que ha llegado a un punto crítico. Según documentos oficiales a los que tuvo […]
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Por Claudia Molina B.| Factos Reportajes
A pocos metros del corazón político del país y bajo la tutela del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), el Hospital Clínico San Borja Arriarán enfrenta una crisis de seguridad que no es nueva, pero que ha llegado a un punto crítico. Según documentos oficiales a los que tuvo acceso Factos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha emitido un Oficio Ordinario Electrónico N° 282218, fechado el 8 de mayo de 2025, donde se detallan graves incumplimientos en las instalaciones eléctricas del recinto hospitalario que representan un riesgo inminente para la infraestructura, el personal y los pacientes.
La fiscalización se enmarca en un proceso iniciado anteriormente y que ya había sido advertido mediante el Oficio SEC N° 77418 del 17 de junio de 2021, sin que se hayan adoptado medidas efectivas de corrección. El informe actual, sin embargo, marca un punto de inflexión: la SEC ha prohibido el uso de ciertas instalaciones eléctricas del hospital, especialmente aquellas relacionadas con el circuito de alumbrado de la sala de celdas de maniobra eléctrica, ubicada en el subterráneo.
Riesgo estructural y peligro para la vida de funcionarios y pacientes
La inspección de la SEC reveló una serie de fallas críticas:
Ausencia de conductores apropiados para locales de reunión de personas, situación observada en el tablero de la sala eléctrica del subterráneo, en contravención directa con el Pliego Técnico N° 04.
Canalizaciones eléctricas metálicas (bandejas, escalerillas y canastillos) sin sistema de puesta a tierra apropiado, lo que viola el Pliego Técnico N° 06 sobre sistemas de protección.
Inexistencia de sistema de puesta a tierra en la sala de celdas de maniobra eléctrica, agravando aún más la vulnerabilidad del sistema eléctrico.
Ausencia de la declaración eléctrica interior TE1, firmada por un instalador autorizado, requisito indispensable según el artículo 223° de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Esta última omisión viola la obligación legal de declarar toda instalación eléctrica nueva, situación que, según la propia SEC, puede derivar en sanciones administrativas, multas e incluso desconexión de las instalaciones defectuosas.
Responsabilidades institucionales y personales
Uno de los puntos más delicados del documento oficial es la asignación directa de responsabilidad al director del hospital, Jorge Wilhelm Del Villar, quien fue notificado personalmente de las infracciones mediante acta durante la fiscalización. La SEC advierte explícitamente que:
“Es importante señalar a usted que lo aquí instruido no lo libera de responsabilidad, en su calidad de responsable de la instalación (…) de algún accidente con motivo del uso de instalaciones eléctricas que incumplen la normativa vigente.”
Asimismo, la responsabilidad se extiende también al Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC). En un segundo documento firmado por la Jefa del Departamento Técnico de Inspección de Combustibles, se instruye directamente al SSMC a regularizar las instalaciones de combustibles líquidos —específicamente un tanque de 20 m³ no declarado ante la autoridad—, constatando que:
Ambas omisiones —eléctrica y de combustibles— revelan una peligrosa negligencia estructural en uno de los hospitales públicos más relevantes de la Región Metropolitana, justo en momentos en que el país enfrenta crecientes desafíos en su red de salud pública.
Ultimátum: 30 días para regularizar
En el oficio, la SEC otorga un plazo de 30 días hábiles al Hospital San Borja Arriarán para adoptar medidas concretas y documentadas que subsanen las deficiencias. Cualquier intervención debe ser ejecutada por un instalador eléctrico debidamente autorizado e inscrito en la plataforma oficial de la SEC.
Además, se establece que:
“La medida (…) únicamente se dejará sin efecto por oficio en contrario dictado por esta Institución o si el propietario o responsable (…) comunica por escrito (…) la regularización o corrección de las deficiencias detectadas.”
Esto significa que la responsabilidad institucional no sólo es presente, sino también futura: en caso de accidente, incendio o falla eléctrica grave, el director del hospital y el SSMC podrían enfrentar consecuencias administrativas e incluso penales.
Mientras la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) catalogó como “grave” la situación eléctrica del Hospital San Borja Arriarán, con riesgos que podrían afectar directamente la seguridad de pacientes y funcionarios, la Dirección del establecimiento optó por un tono suavizado en su comunicado interno, enmarcando las observaciones dentro de un proceso administrativo en marcha y sin asumir ninguna falla directa. El contraste es evidente: donde el ente fiscalizador ve riesgos técnicos inmediatos, el hospital responde con proyectos a mediano plazo y menciones a la antigüedad del edificio como justificación.
Tono y encuadre del comunicado
El comunicado enviado por la dirección busca, utilizando un tono tranquilizador y burocrático, enmarcar las observaciones como parte de un proceso “esperado”, “coordinado” y en ejecución normal, donde, , además, subraya que la visita fue anunciada y que todas las observaciones están siendo abordadas mediante proyectos o coordinaciones en curso. Sin embargo, el Informe SEC declaró y aclaró que el estado eléctrico del hospital es grave, y que algunas instalaciones no cuentan con sistemas de protección fundamentales (como la puesta a tierra), representando riesgo para personas y continuidad del servicio. Este lenguaje es tajante, de alto nivel de alerta técnica y con implicancias de seguridad.
Si bien la Dirección del Hospital debe buscar a mantener la tranquilidad de los funcionarios, el hecho es que son años de espera de soluciones reales, concretas y definitivas por parte de la administración, el hecho es que con este comunicado sólo intenta baja el perfil a la gravedad, diluyendo la urgencia bajo la forma de gestiones ya iniciadas o proyectos a futuro, provocando la molestia y la incomodidad de los trabajadores y de algunos gremios.
Jorge Wilhelm ¿asume la responsabilidad institucional?
De acuerdo con el mismo comunicado, el director, Jorge Wilhelm no reconoce ninguna responsabilidad directa o falla institucional. En cambio, enfatiza que la infraestructura es antigua (de los 70) y que no se ajusta a normativas actuales, como una forma de justificar el estado de las instalaciones. Se desliza la idea de que el problema no es nuevo ni atribuible a la gestión actual. Pero, es el mismo Informe de la SEC indica que el hospital opera sin cumplir normas técnicas eléctricas fundamentales, como el uso de conductores adecuados, canalización del cableado y sistemas de protección y enfatiza en que “Estos son aspectos que deben actualizarse incluso en instalaciones antiguas si están en uso hospitalario activo“. Por lo que el director deslinda responsabilidad en la antigüedad del edificio, mientras que la SEC habla de faltas activas y peligrosas bajo el marco regulatorio vigente.
Gravedad técnica vs. gestión proyectiva
Por otra parte, en el comunicado la Dirección presenta un cronograma vago, cuando señala que “en las próximas semanas […]” y “actualmente en proceso administrativo”, “se encuentra en etapa final del estudio”, etc. Esto sugiere que las soluciones son medianamente lentas y aún no resuelven los problemas críticos. No obstante, la SEC señala que “La fiscalización dejó constancia de riesgos inminentes (como alumbrado defectuoso en salas de maniobra eléctrica, cableado sin canalización y ausencia de puesta a tierra), lo que normalmente justificaría medidas inmediatas o incluso cierre de ciertas zonas.
Con todo lo ya señalado, es claro que el hospital comunica un abordaje administrativo y planificado, pero según estándares técnicos, varios de los puntos requerirían intervención urgente y medidas de mitigación inmediatas.
Un síntoma de desidia más amplio
Este nuevo informe oficial confirma lo que funcionarios y usuarios del hospital han venido denunciando hace años: una cultura de postergación, falta de inversión real y negligencia sistemática, muchas veces invisibilizada tras las apariencias de modernización superficial. A la luz de estos antecedentes, cabe preguntarse:
¿Quién responde si ocurre un siniestro? Es decir, “otro” siniestro como el del 2021.
¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud ante estos antecedentes reiterados?
¿Por qué se ha tolerado esta situación desde al menos 2021 sin exigir responsabilidades concretas?
Observaciones que constituyen riesgo vital
El Hospital Clínico San Borja Arriarán no sólo debe ser reparado: debe ser intervenido estructural y administrativamente. Las fallas que denuncia la SEC no son errores menores: representan un riesgo vital para pacientes, funcionarios y toda la infraestructura sanitaria.
La advertencia está hecha. La responsabilidad está clara. Ahora, la pregunta que queda es si las autoridades —desde el director hasta el Ministerio de Salud— actuarán antes de que una tragedia obligue a lamentar lo que ya estaba advertido por escrito.
La Cortina de humo del Capítulo Médico
Mientras todos están preocupados por la seguridad del personal del hospital y de los pacientes, la presidenta del Colegio Médico de Santiago (Colmed), Dra. Francisa Crispi, destinó tiempo para escribir a un medio de circulación nacional, una carta que deja en evidencia la desconexión total y lejanía con los profesionales clínicos del nosocomio. En su carta, fechada 17 de mayo, Crispi hace hincapié en dos puntos: La Reconstrucción del CDT del hospital y deriva el atraso de las obras a la “falta de presupuesto” para llevar adelante el desarrollo y ejecución de una obra mayor, además, aprovecha de señalar que el organismo responsable del largo atraso en la reconstrucción le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso). Esto se puede explicar sólo de dos formas: Crispi está más preocupada de sacar adelante su agenda política en cuanto a los problemas de infraestructura de los servicios públicos de salud o bien, no está interiorizada en la necesidad urgente de evitar que sean hasta sus propios colegas que pudiesen electrocutarse dentro de las dependencias de la institución. De cualquier manera su visión de lo “urgente” es continuar poniendo la carreta delante de los bueyes y con los ojos tapados.
Así mismo, las acciones de las jefaturas del HCSBA como de la Dra. Mónica Campos y Dra. Ana María Quiroga -ambas del Capítulo Médico del hospital y junto al presidente de la Fenats, Ariel Herrera, se cuadran con el director. Desde el SSMC, fuentes cercanas aseguraron que “El dirigente Herrera es muy conocido acá porque casi semana por medio pide la cabeza del Wilhelm en el SSMC o en reuniones del gremio, pero, independiente de ello, Herrera tiene su propia agenda y no es, precisamente, de respaldo a sus afiliados, sino que va en directo apoyo al director. Aunque la base lo sabe y los otros gremios también, aseguran fuentes contactadas por Factos para esta publicación, que “Nadie sabe por qué el dirigente de la Fenats se mantiene como presidente si todos saben que más de un favor le debe a Wilhelm”. Otro funcionario que solicita reserva de su identidad por temor a represalias señala que “Nadie quiere decir abiertamente que don Ariel tiene a casi su familia completa trabajando en el hospital. Hace un tiempo atrás corrió el rumor que el director, como abogado, le ayudó con un tema personal, pero, también decían que al parecer lo ayudó pero con otro abogado para no aparecer involucrado él directamente. Todos sabemos eso, pero, nunca nadie hace ni dice nada. Yo pertenezco a la Fenats, pero, me aburre ver gente que nuestro dirigente se preste para cosas que no aportan a los trabajadores, se salva solo”, agregó. Si bien Factos intentó corroborar esta información no fue posible, aunque sí es posible señalar que estos rumores son vox populi desde hace años.
Tanto la Dra. Campos y Quiroga junto a Herrera durante la tarde y noche del viernes se coordinaron para pegar afiches durante la mañana del lunes 19 de mayo, con el objetivo de dar a conocer un “logro” como fue el cambio de nombre de la calle Arzobispo Valenzuela y que, en el 2024, pasó a llamarse “Carlos Caszely Garrido y que se encuentra ubicada en el Barrio San Eugenio de Santiago. ¿La razón para sacar a relucir este homenaje a uno de los grandes del fútbol chileno nadie sabe, pero, no deja de ser curioso que se les ocurra una “cruzada testimonial” justo cuando el director y el hospital se encuentran en muy mal pie. Además, el Dr. Alejandro Barrera, la misma tarde del viernes comenzó a hostigar a la Dra. Francisca Ríos, quien partió con las denuncias por las deplorables condiciones en las que han tenido que trabajar en el hospital. El Dr. Barrera inició una ronda de burlas a la Dra. Ríos por el informe negativo de la SEC y le decía “Pidámosle ayuda a Juan Luis Castro y a Macaya”, entre otras expresiones burlescas.
Cuenta regresiva para la responsabilidad
Mientras la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) catalogó como “grave” la situación eléctrica del Hospital San Borja Arriarán, con riesgos que podrían afectar directamente la seguridad de pacientes y funcionarios, la Dirección del establecimiento optó por un tono suavizado en su comunicado interno, enmarcando las observaciones dentro de un proceso administrativo en marcha y sin asumir ninguna falla directa. El contraste es evidente: donde el ente fiscalizador ve riesgos técnicos inmediatos, el hospital responde con proyectos a mediano plazo y menciones a la antigüedad del edificio como justificación.
Pero, las observaciones formuladas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) no sólo describen un cúmulo de fallas técnicas, sino que evidencian una negligencia sistemática en la gestión de la infraestructura crítica del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Lo alarmante no es sólo la falta de canalización adecuada, la ausencia de sistemas de puesta a tierra o la inexistencia de una declaración eléctrica TE1, sino la advertencia explícita: ni el director del recinto, Jorge Wilhelm Del Villar, ni el Servicio de Salud Metropolitano Central, encabezado por Ximena Morlans, quedan exentos de responsabilidad ante un eventual accidente. Ambos organismos están al tanto de estas deficiencias desde hace años y han omitido adoptar las medidas necesarias para subsanarlas.
El plazo otorgado por la SEC —30 días hábiles desde la notificación del oficio— marca una cuenta regresiva no sólo para la corrección técnica, sino también para la rendición de cuentas. Porque detrás de cada cable expuesto, de cada tablero sin puesta a tierra, está el riesgo real de una tragedia: pacientes vulnerables, funcionarios que desempeñan su labor diaria en condiciones inseguras, y un edificio público que podría convertirse en escenario de una emergencia evitable.
Las advertencias están escritas con claridad, firmadas por la autoridad competente y comunicadas a los responsables. Ya no hay espacio para excusas ni para dilaciones. Lo que está en juego no es sólo el cumplimiento de una normativa técnica, sino la seguridad de cientos de personas y la integridad de una institución que, irónicamente, debería velar por la vida.
Por el momento sólo queda rogar para que la lluvia que está cayendo sobre la capital no genere un accidente que tengamos que lamentar.
