En un movimiento inesperado, el fiscal nacional Ángel Valencia tomó la decisión de reasignar la investigación del caso Procultura, retirando al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y trasladando la responsabilidad a la Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por el fiscal Juan Castro Bekios. Esta decisión no fue bien recibida por todos, despertando críticas significativas, especialmente de dos figuras políticas de derecha.
La reasignación llegó tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que determinó eliminar registros de una interceptación telefónica considerada ilegal. Esta intervención había sido aprobada por el Juzgado de Garantía, pero la Corte consideró que había sido un acto inapropiado, ordenando su eliminación, incluida una conversación entre la psiquiatra Josefina Huneeus y el Presidente Gabriel Boric.
Entre las voces críticas, José Antonio Kast, del Partido Republicano, utilizó su cuenta en X para expresar su descontento, calificando la remoción del fiscal Cooper como una forma de favorecer la impunidad en lo que denominó “el peor escándalo de corrupción de la historia reciente”.
Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, también manifestó su descontento, señalando que el fallo del tribunal contenía elementos políticos y cuestionando la imparcialidad de los magistrados.
La controversia sigue creciendo mientras se analiza el impacto de estas decisiones judiciales y sus consecuencias en la percepción pública del sistema judicial.
