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Corte de Apelaciones de Antofagasta declara ilegales las escuchas telefónicas en caso ProCultura

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha fallado a favor del recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, en relación con las escuchas telefónicas realizadas en su contra en el contexto del caso ProCultura. Estas escuchas, solicitadas por el fiscal Patricio Cooper de Coquimbo, han sido declaradas ilegales por el tribunal, quien […]

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha fallado a favor del recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, en relación con las escuchas telefónicas realizadas en su contra en el contexto del caso ProCultura. Estas escuchas, solicitadas por el fiscal Patricio Cooper de Coquimbo, han sido declaradas ilegales por el tribunal, quien ordenó la eliminación de todos los registros obtenidos a través de estas intervenciones.

En un documento extenso, la Corte realizó duras críticas al Ministerio Público, destacando la falta de claridad y legalidad en las acciones emprendidas. La defensa de Huneeus argumentó que su calidad de testigo en el momento de las escuchas era un factor crucial para considerar la ilegalidad de estas acciones. Además, se señaló que la autorización para las escuchas fue obtenida con información incompleta, ya que no se había identificado a la persona cuya línea telefónica sería intervenida.

La Corte destacó también el hecho de que, aun sabiendo que el teléfono intervenido no pertenecía a Alberto Larraín, el Ministerio Público no detuvo las escuchas. Los magistrados manifestaron sorpresa ante la incapacidad de detectar que se trataba de una voz femenina en las llamadas interceptadas, cuestionando tanto la actuación policial como la aprobación judicial de estas medidas.

Durante la audiencia, el abogado Alejandro Awad Cherit defendió el recurso, describiendo una cadena de errores e ilegalidades en el proceso de interceptación a su representada, quien nunca fue imputada en la causa. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Yáñez sostuvo que las diligencias se hicieron conforme a derecho, justificando las acciones bajo la investigación de delitos relacionados con el financiamiento de campañas políticas.

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