La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto nuevamente bajo la lupa a varios gobiernos regionales de Chile, sacando a la luz una serie de irregularidades que van desde la falta de transparencia financiera hasta el uso indebido de recursos públicos para campañas personales y servicios no justificados.
En Santiago, se detectó cómo ciertos contratos de servicios se convirtieron en herramientas políticas para la reelección de Claudio Orrego. No es el único caso: en Tarapacá, la CGR lanzó un sumario enfocado en aclarar el uso de redes institucionales para promover redes personales durante las elecciones, bajo el liderazgo de José Miguel Carvajal, apoyado por oficialismo.
Antofagasta no escapa al escrutinio, con más de $4 mil millones en fondos no rendidos desde 2021, lo que evidencia una gestión deficiente de los recursos públicos bajo la administración del gobernador reelecto Ricardo Díaz.
En tanto, el gobierno de La Araucanía fue criticado por contrataciones directas que no cumplen con el principio de probidad. Destaca el contrato con Ananda Comunicaciones SpA, a cargo de evaluar la imagen del gobernador, lo que derivó en observaciones por parte de la CGR.
La situación es similar en Los Ríos, donde la CGR exige aclarar los procesos de control sobre casi $8.6 mil millones en recursos transferidos y pendientes de rendición.
Finalmente, en Magallanes se denunció la inclusión de servicios de publicidad y manejo de redes sociales en contratos de servicios a honorarios, presentando inconsistencias en los informes de actividades.
Frente a estas revelaciones, el GORE de Tarapacá emitió un comunicado asegurando su disposición a colaborar con la CGR y aclaró que algunos errores fueron de imputación y no de gastos improcedentes, prometiendo corregir las observaciones realizadas.
