Por: Claudia Molina B.| Reportajes
En una operación que huele más a privilegio que a emergencia, un clan familiar en la Región de Aysén logró recaudar más de $2.700 millones en apenas un año por servicios de rescate aeromédico adjudicados sin licitación y con sobreprecios evidentes. Liderados por Fredy Meyer, sus empresas Transportes San Rafael y Attitude S.A. concentraron 443 vuelos médicos durante ese período, cobrando en promedio $6,8 millones por traslado en una región que representa solo el 0,6% de la población nacional.
A través de tratos directos sistemáticos, justificados por supuestas licitaciones desiertas o urgencias operativas, el grupo Meyer capturó un millonario flujo de recursos públicos, sin competencia y sin rendición transparente de precios.
Desde 2021, esta periodista —Claudia Molina B.— ha documentado el caso con rigor en la plataforma X y en este mismo medio, Factos, evidenciando sobreprecios cercanos al 40% en comparación con cotizaciones alternativas. La diferencia en los valores cobrados por el mismo servicio apunta a un sistema acomodado para favorecer a un proveedor único, sin que existan controles reales ni fiscalización estatal efectiva.
Más aún, denuncias formales acreditan la participación de funcionarios públicos dentro de las tripulaciones de vuelo, lo que podría configurar un conflicto de interés grave y posibles delitos asociados a fraude al Fisco.
Carlos Palma, un fiscal que prefirió no mirar
Pero si hubo un actor clave cuya inacción permitió que este esquema avanzara sin obstáculos, fue el entonces fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Según fuentes ligadas al caso, las denuncias llegaron directamente a su conocimiento en 2022, tanto por vía judicial como mediante presentaciones formales al Ministerio Público. Sin embargo, no existe registro alguno de que Palma haya impulsado investigación alguna. Ni diligencias, ni solicitudes de información, ni entrevistas a los involucrados. Nada. Silencio absoluto.
Su omisión es aún más cuestionable considerando que la Corte ya había emitido fallos reconociendo irregularidades en los contratos y la prensa había revelado vínculos preocupantes entre el proveedor y el aparato público. Pese a ello, Carlos Palma eligió mirar para otro lado.
En 2023, el ex fiscal desapareció del mapa público, luego de que se revelaran sus presuntos vínculos con el abogado Luis Hermosilla, a quien habría filtrado información reservada de una causa por tráfico de drogas. Desde entonces, Palma se ha vuelto inubicable, dejando atrás no solo sus deberes institucionales, sino también una estela de sospechas sin respuesta.
Periodismo incómodo: cuando el Estado calla, hay que gritar
En este contexto, el rol del periodismo ha sido clave. Lo que las instituciones no quisieron investigar, sí fue documentado, contrastado y publicado. Las investigaciones desarrolladas por Claudia Molina B. no solo pusieron en evidencia el entramado de contratos amañados y sobreprecios, sino que obligaron a mirar de frente un caso que muchos pretendieron enterrar en la burocracia regional.
Porque, cuando el Estado falla en hacer justicia, el periodismo no puede fallar en hacer memoria.
