Por: Equipo Factos| Reportaje
Esta información ya había sido denunciada por Factos el 22 de abril (https://l1nq.com/VzEk4) convirtiéndose en el primer reportaje que advirtió sobre las graves irregularidades en el proceso. A pesar de las alertas tempranas, los medios tradicionales omitieron informar o citar, ignorando el trasfondo del escándalo.
Una licitación bajo sospecha
El proceso de licitación pública (ID 630-48-LR24) para la administración de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) ha escalado en tensión y polémica. A las denuncias por irregularidades técnicas y administrativas se suma un hecho aún más alarmante: la adjudicación fue otorgada a una empresa cuestionada en su país de origen, España, por corrupción en procesos de contratación pública.
Aunque múltiples actores del ecosistema laboral han levantado la voz, la Subsecretaría del Trabajo ha optado por una defensa cerrada de la empresa adjudicataria, generando preocupación por la transparencia del proceso y la falta de autocrítica institucional.
La denuncia de Bizpartners SpA: argumentos y evidencia
La empresa Bizpartners SpA presentó un recurso ante el Honorable Tribunal de Compras Públicas,
Rol 125-2025-A, solicitando la suspensión del proceso. La demanda está sustentada en cuatro incumplimientos centrales por parte de la adjudicataria:
- Falta de apostilla en las cartas de compromiso, exigida para validar documentos extranjeros.
- Alteraciones no permitidas en el Anexo N°15, el documento denominado “Carta de Compromiso”.
- Ausencia de identificación del mandatario responsable, contraviniendo requisitos básicos de legalidad.
- Falta de cumplimiento de perfiles profesionales requeridos, lo que comprometería la ejecución técnica del contrato.
Según Bizpartners, estos puntos violan no sólo las bases administrativas del proceso, sino también los principios de probidad y libre competencia consagrados en la Ley de Compras Públicas. Acusan que se privilegió a una empresa en desmedro de otras que sí cumplieron cabalmente con los requisitos.
La defensa institucional: una profía difícil de justificar
A pesar de la gravedad de las denuncias, la Subsecretaría del Trabajo ha desestimado la solicitud de suspensión, calificando la demanda de “infundada” y carente de “fumus bonis iuri” es decir, que los argumentos presentados por la empresa demandante no tendrían éxito. La autoridad asegura que no existe peligro real de daño irreparable y que la continuidad del servicio justifica seguir adelante.
Pero lo que más sorprende es el tono intransigente con el que se defiende la adjudicación a una empresa que arrastra denuncias de corrupción en Europa. En España, la compañía ha sido blanco de investigaciones judiciales por prácticas ilícitas en licitaciones públicas, hechos que incluso llegaron a la prensa internacional.
Esa información era conocida. Fue advertida por Factos el 22 de abril, cuando se reveló el historial de sanciones, investigaciones y vínculos políticos de la firma adjudicataria. Que la autoridad chilena haya ignorado estos antecedentes y siga defendiendo su decisión despierta legítimas dudas sobre los criterios de evaluación y los estándares éticos aplicados en esta licitación.
Implicancias legales del caso
Las irregularidades alegadas por Bizpartners podrían tener consecuencias mayores si el Tribunal de Compras Públicas declara que existieron infracciones graves:
- Anulación del proceso licitatorio, obligando al Estado a reiniciar desde cero la adjudicación de la BNE.
- Inhabilitación temporal de la empresa adjudicataria para contratar con el Estado, según lo establece la Ley de Compras Públicas en casos de falsedad o incumplimientos materiales.
- Responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos que aprobaron la adjudicación, particularmente si se demuestra que ignoraron información relevante o actuaron con negligencia grave.
- Posibles acciones penales por fraude al Fisco o vulneración del principio de probidad, en caso de que se compruebe que se favoreció a una empresa de forma dolosa.
Más allá de las sanciones jurídicas, este caso podría transformarse en un precedente riesgoso para la confianza ciudadana en los procesos públicos.
¿Qué está en juego?
La Bolsa Nacional de Empleo es una plataforma estatal clave para la intermediación laboral en Chile. Gestiona más de 5 millones de usuarios y vincula a más de 100 mil empresas. Además, es vital para acceder al Seguro de Cesantía, lo que la convierte en un instrumento fundamental de protección social.
Por eso, adjudicar su administración a una empresa con antecedentes de corrupción, sin garantías plenas de cumplimiento técnico ni validación legal, es una decisión que debe ser revisada con urgencia. La transparencia, la ética y la rendición de cuentas no pueden sacrificarse en nombre de la continuidad administrativa.
¿Por qué insistir en defender lo indefendible?
Hay momentos en que las instituciones deben elegir entre la comodidad del statu quo y el coraje de rectificar. La Subsecretaría del Trabajo ha optado por la primera, defendiendo con obstinación una licitación que muestra grietas legales, técnicas y éticas evidentes.
La pregunta de fondo es: ¿por qué seguir apostando por una empresa con prestigio deteriorado, que incumple bases esenciales y que está manchada por escándalos internacionales?
Factos fue uno de los primeros en dar la alerta. Hoy, con la información más completa a la vista, lo que ayer parecía un error técnico ahora se dibuja como un caso emblemático de desdén por la transparencia y la responsabilidad pública.
