La reciente sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile ha causado una conmoción profunda en el ámbito de los derechos humanos. El fallo del pasado 30 de abril de 2025 absuelve a cuatro ex funcionarios de Carabineros previamente condenados por el asesinato calificado de Marcos Quezada Yáñez, un adolescente de 17 años, en 1989. El caso, que en su momento fue utilizado como parte de una solicitud de extradición del dictador Augusto Pinochet por parte del juez Baltasar Garzón, ha sido emblemático en la lucha contra la impunidad de delitos cometidos durante la dictadura chilena.
La decisión de absolver a los acusados se produce a pesar de un fallo anterior del 14 de marzo de 2023, que confirmó la implicación de los ex policías en la tortura y muerte del adolescente, desestimando la versión oficial de suicidio. El fallo original se basaba en detalladas investigaciones forenses que apuntaban al uso de electricidad en los dedos de Quezada antes de su muerte.
No obstante, los ministros de la Corte Suprema utilizaron su prerrogativa para “casar de oficio”, argumentando que los peritajes que incriminaban a los ex Carabineros no eran concluyentes y que el testimonio clave presentaba inconsistencias, especialmente debido al supuesto estado etílico del testigo durante su detención.
Desde organizaciones de derechos humanos como Londres 38, se han levantado voces críticas. Señalan que el fallo reflejó una “mala calidad argumentativa” al finalizar que no existió delito alguno, lo que podría sentar un peligroso precedente para otros juicios por violaciones de derechos humanos de la época de la dictadura. La variación entre votos de titulares y abogados integrantes evidencia una preocupación por la potencial impunidad de quienes cometieron crímenes en el pasado.
