Por: Equipo Factos
Por tres votos contra dos, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado a favor de la psiquiatra Josefina Huneeus Lagos, anulando las interceptaciones telefónicas que sirvieron de base para imputaciones en su contra en el marco del Caso Convenios. El fallo, emitido este martes, no sólo la favorece personalmente, sino que también remueve los cimientos de confianza sobre cómo actúan los fiscales y cómo los jueces controlan —o no— sus excesos.
La decisión cuestiona duramente la legalidad de las escuchas que la Fiscalía de Antofagasta realizó al teléfono originalmente asociado al director de la “Fundación Procultura”, Alberto Larraín. Sin embargo, como quedó demostrado en la investigación, ese número era usado por Huneeus Lagos, amiga del Presidente Gabriel Boric, quien terminó siendo interceptada sin que mediara autorización expresa del tribunal para ello.
La mayoría de la sala concluyó que hubo una vulneración clara a derechos fundamentales y que la Fiscalía actuó sin respetar los estándares exigidos para una diligencia de carácter excepcional como lo es la interceptación telefónica. Tal como indica el fallo, esas escuchas “no cumplieron dichos estándares” y su ejecución “deviene en ilegal”.
Pero el verdadero quiebre en esta resolución radica en los votos disidentes.
Los votos en contra: Letelier y Valderrama
Los dos ministros que votaron en contra del amparo —María Teresa Letelier y Manuel Antonio Valderrama— argumentaron que la interceptación fue lícita, dado que la línea telefónica intervenida estaba asociada comercialmente a Larraín y que las conversaciones de Huneeus Lagos eran relevantes para la causa, permitiendo su eventual reclasificación como imputada.
Esta postura, sin embargo, choca con la lectura mayoritaria del pleno, que afirmó que la Fiscalía no podía usar “subterfugios” para justificar una escucha que no fue debidamente solicitada ni autorizada para la persona afectada.
Lo relevante es que ambos magistrados han sido señalados en investigaciones de prensa como figuras cercanas al abogado Luis Hermosilla, hoy imputado por tráfico de influencias, sobornos y filtración de información privilegiada.
| El ministro Valderrama fue mencionado en el marco del “Caso Audios”, cuando se conocieron conversaciones entre Hermosilla y jueces en ejercicio. Aunque se abrió un sumario a su respecto —por iniciativa del propio Valderrama—, este fue cerrado sin sanciones, dejando una sensación de impunidad.
| En tanto, Letelier recibió reproches del pleno de la Corte Suprema por su rol en las gestiones que, presuntamente, habría hecho Hermosilla para su nombramiento como ministra. A inicios de este año se hizo público que Letelier intervino a favor del exjuez Antonio Ulloa, uno de los operadores clave de Hermosilla en el Poder Judicial.
¿Un fallo político disfrazado de legalidad?
Si bien el fallo favorable a Huneeus se sostiene en sólidos argumentos jurídicos sobre protección de derechos fundamentales y garantías del debido proceso, la resistencia de parte de la sala a reconocer el exceso de la Fiscalía abre una inquietante interrogante: ¿cuánta autonomía real tiene el Ministerio Público si los jueces que deben controlarlo aparecen con redes de confianza cruzadas?
El 3-2 no es sólo un resultado judicial. Es una señal de que las tensiones internas en la Corte Suprema —y sus eventuales vínculos con causas de alto perfil como el caso Hermosilla— siguen condicionando decisiones clave.
Por lo mismo, este fallo podría marcar un precedente: no sólo para delimitar los abusos en las interceptaciones telefónicas, sino también para recordar que, incluso en la cúpula judicial, la imparcialidad no puede darse por sentada.
