Por: Claudia Molina B.| Factos
La Segunda Sala de la Corte Suprema dejó en acuerdo este lunes el recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus Lagos, quien acusa que su teléfono personal fue interceptado sin autorización judicial por parte del Ministerio Público, en el marco de una investigación penal en la que no tiene vinculación alguna. El caso —rol N° 18.430-2025— fue alegado ante los ministros sin que se dictara resolución, quedando pendiente el fallo.
Según sostuvieron los abogados de Huneeus, Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, durante la audiencia y en un escrito ingresado ayer mismo, la Fiscalía habría recurrido a subterfugios y procedimientos irregulares para intervenir el número telefónico de su representada, el cual fue erróneamente atribuido al imputado Alberto Larraín Salas.
La defensa acompañó nuevos antecedentes ad effectum videndi, entre ellos un Reporte a Fiscal N°03 del analista criminal Roberto Vergara y una cadena de correos electrónicos entre éste y la abogada asesora de la Fiscalía, Josefa Pérez, fechados el 30 de septiembre de 2024. Ambos documentos fueron mencionados durante el alegato oral.
Cadena de correos y búsquedas en Equifax
Según la exposición de los abogados, ese día —30 de septiembre de 2024— la abogada Perez habría remitido a Vergara una tabla con los nombres de 17 personas cuya interceptación sería solicitada judicialmente. Sin embargo, la cédula de Josefina Huneeus no figuraba en ese listado. Pese a ello, el funcionario Vergara realizó consultas en la base de datos de Equifax que incluyeron, de forma inexplicada, el RUT de Huneeus, apenas dos minutos después de haber consultado el de Larraín.
El Reporte indica que el objetivo era determinar cómo se había obtenido en la investigación el número telefónico terminado en 367 —el número perteneciente a Huneeus— y que fue posteriormente interceptado con autorización del Juzgado de Garantía de Antofagasta, bajo el supuesto de que pertenecía a Larraín.
La defensa subraya que ese número ha pertenecido a Huneeus “desde hace décadas” y que la Fiscalía jamás entregó evidencia concreta que sustentara su vinculación con el imputado, sino que se basó en una consulta comercial efectuada sin control judicial y cuya trazabilidad —según acusan— no ha sido debidamente explicada.
Sin autorización y sin informe completo
Uno de los puntos más críticos del escrito presentado por la defensa ante la Corte Suprema es que, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha entregado el informe de Equifax resultante de la búsqueda realizada respecto del RUT de Alberto Larraín, ni tampoco el eventual informe derivado de la consulta al RUT de Josefina Huneeus. Lo único que se les ha hecho llegar es una captura de pantalla de un Excel con las búsquedas realizadas desde el usuario institucional de Vergara, en la cual figura el ingreso del RUT de Huneeus a las 10:58:39 del 30 de septiembre de 2024.
Este hecho, aseguran, carece de justificación y plantea interrogantes respecto al uso indebido de herramientas de inteligencia y bases de datos comerciales por parte del Ministerio Público. Para la defensa, esto constituiría una grave vulneración a los derechos fundamentales de su representada.
La dimensión institucional del caso
El fiscal aludido en el caso es Patricio Cooper, cuya actuación ha sido cuestionada en instancias previas. La defensa apunta a que, al no contar con autorización judicial específica para intervenir el teléfono de Huneeus, cualquier escucha realizada constituye una afectación directa a su derecho a la privacidad y a las garantías del debido proceso.
El amparo fue presentado tras conocerse que la intervención del teléfono se habría solicitado bajo la premisa —falsa, según la defensa— de que el número pertenecía a Alberto Larraín, y con base en antecedentes cuya procedencia y validez están hoy bajo escrutinio.
Fallo en suspenso
La Segunda Sala de la Corte Suprema —integrada por los ministros Ministros Sres. Manuel Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R. y los Abogados Integrantes Sr. José Miguel Valdivia O. y Sra. Andrea Ruiz R.- dejó el caso en acuerdo, lo que significa que deliberará en privado antes de emitir un fallo.
Dada la seriedad de los hechos alegados, el fallo podría tener consecuencias importantes no sólo para la causa particular, sino también para el escrutinio del uso que el Ministerio Público hace de sus facultades investigativas, especialmente en lo que respecta a la vigilancia de comunicaciones privadas.
Seguiremos informando.
