En una reciente entrevista, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó el anuncio del presidente Gabriel Boric respecto a la transformación del penal Punta Peuco en un recinto común. Este cambio se enmarca en la revisión de las condiciones especiales bajo las cuales cumplen condena sus internos en el mencionado centro.
Cordero destacó que la intención detrás de esta medida no es cerrar el penal, sino modificar su régimen. La reforma responde a dos principales necesidades: optimizar el uso de los recintos penitenciarios al aumentar la capacidad de plazas y ajustar el penal a los estándares generales establecidos por Gendarmería.
Según explicó el ministro, el penal Punta Peuco fue creado en 1995 por un decreto supremo como un “penal especial”. Sin embargo, el reciente anuncio presidencial implica que este centro dejará de tener tal denominación y funcionará como un penal común. Uno de los beneficios de este cambio radica en la mejor gestión de los reclusos, sin las restricciones que implica su estatus anterior.
El ministro Cordero enfatizó que esta transformación tiene raíces en un cambio de perspectiva institucional sobre cómo se manejan los casos de violaciones de derechos humanos. A lo largo de los años, los tribunales han adoptado una postura más activa, acelerando los casos relacionados y desestimando el uso de la ley de amnistía. Esto ha dado lugar a múltiples condenas en el ámbito de los derechos humanos.
Finalmente, Cordero concluyó que este ajuste en el régimen afectará directamente a la población penal actual, facilitando su traslado a otros centros penitenciarios de ser necesario. Este movimiento busca consolidar un sistema penitenciario más equitativo y eficiente.
