En los márgenes de los conflictos africanos, pocas guerras han mostrado una mutación tan feroz como la que hoy desangra a Sudán. Lo que comenzó como un intento del régimen de Jartum por contener una insurgencia en Darfur, derivó en la formación de una fuerza paralela que décadas más tarde desafiaría al propio Estado. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y su matriz originaria, las milicias Janjaweed, son hoy actores centrales en una guerra que amenaza con fragmentar el país.
El origen de estas milicias se remonta a principios de los años 2000, cuando el entonces presidente sudanés, Omar al-Bashir, enfrentaba una rebelión en Darfur. Para sofocar el levantamiento, recurrió a la movilización de tribus árabes nómadas, a las que armó y organizó como milicias. A ese conglomerado irregular se lo conoció como Janjaweed, término que en la jerga local significa “hombres armados sobre caballos”, aunque con el tiempo su iconografía pasó de la caballería a las camionetas artilladas.
Su accionar fue brutal. Las campañas de los Janjaweed provocaron miles de muertos, desplazamientos masivos y acusaciones internacionales por limpieza étnica y crímenes de guerra. La respuesta internacional no logró contenerlos. Por el contrario, durante más de una década operaron con creciente autonomía en las provincias occidentales.
En 2013, buscando institucionalizar el dispositivo y amarrar lealtades, Al-Bashir decidió formalizar a parte de esas milicias bajo el paraguas de una nueva estructura: las Fuerzas de Apoyo Rápido. El liderazgo recayó en uno de los caudillos emergentes de Darfur, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Bajo su mando, las RSF crecieron en tamaño, armamento y recursos. A diferencia de otras unidades de seguridad, las RSF quedaron bajo control directo de la Presidencia, al margen de la jerarquía militar tradicional.
La caída de Al-Bashir en 2019 abrió un proceso de transición política que en apariencia buscaba democratizar el país. Sin embargo, en los hechos consolidó un equilibrio inestable entre dos polos de poder: el Ejército regular, encabezado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las RSF de Hemedti. Ambos actores compartieron durante un tiempo un gobierno transitorio, en una alianza marcada por la desconfianza.
El quiebre definitivo llegó en abril de 2023, cuando estallaron combates directos entre las RSF y el Ejército. Las causas inmediatas fueron disputas sobre la integración de las RSF en las fuerzas armadas y el reparto de poder en la futura estructura del Estado. Pero el trasfondo era más profundo: Hemedti había construido un aparato militar, económico y político propio, con redes de contrabando, control de minas de oro y alianzas regionales que lo hacían un actor con aspiraciones de autonomía.
Desde entonces, la guerra ha devastado zonas enteras de Sudán. En Jartum, la capital, barrios completos han sido arrasados en combates urbanos. En Darfur, los antiguos fantasmas de limpieza étnica han resurgido, con ataques contra comunidades no árabes. Mientras, las RSF han mostrado una sorprendente capacidad de movilidad y control territorial, a costa de un incremento de las violaciones a los derechos humanos.
El conflicto ha tenido además una dimensión regional. Las RSF cuentan con apoyos financieros y logísticos desde Emiratos Árabes Unidos, mientras el Ejército sudanés busca respaldo en Egipto. La fragmentación del país parece un riesgo cada vez más tangible.
A más de un año del inicio de los combates, ni Burhan ni Hemedti han logrado imponerse. La paradoja de Sudán es brutal: el Ejército que creó a los Janjaweed, y que luego los vistió de uniforme como RSF, enfrenta hoy a esa criatura convertida en fuerza insurgente. La guerra no es solo por el control del Estado; es la consecuencia de décadas de militarización sin Estado de derecho, donde los límites entre milicia, ejército y mafia se han disuelto.
