Por Redacción Factos
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha puesto su mirada sobre Joaquín Lavín León, ex diputado UDI, al presentar una querella que podría desencadenar una de las operaciones judiciales más delicadas del año en el Congreso. La acción legal, ingresada recientemente en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, busca abrir paso a una posible solicitud de desafuero del parlamentario, hoy bajo una investigación por presunto desvío de fondos públicos.
En el centro del caso está la imprenta MMG, una pequeña empresa que antaño imprimía flyers para fiestas organizadas por el propio Lavín Jr., cuando se desempeñaba como promotor nocturno. Hoy, esa misma imprenta es clave para desentrañar lo que los investigadores denominan un sistema de financiamiento irregular de campañas políticas asociadas a la UDI.
El nexo con MMG: de fiestas a campañas
Según el testimonio de Juan Silva Morales, dueño de MMG y querellado por el CDE, las facturas entregadas al Congreso —y rendidas por Lavín Jr.— no correspondían a los trabajos declarados. “Las [facturas] que dicen ‘cuenta pública’ son todas facturas que corresponden a deudas por otras cosas, que podrían corresponder a campaña o cosas personales de él”, declaró Silva ante la fiscalía.
El mecanismo, detallado en la querella del CDE, consistía en simular servicios legislativos —como impresión de material institucional— para saldar deudas que Lavín mantenía con MMG por servicios de campaña. Las facturas, por un monto cercano a los $7 millones, fueron entregadas a la Cámara como si se tratara de gastos asociados al trabajo parlamentario.
Una de las glosas señalaba la impresión de telas PVC para elecciones internas de la UDI. “No imprimí ningún diseño de cuenta pública ni palomas publicitarias como se indica en la factura. Era solo una forma de que me pagara lo que me debía”, afirmó Silva, quien también involucró directamente a Arnaldo Domínguez, entonces asesor clave de Lavín.
Asesores bajo sospecha
La querella del CDE apunta no sólo a Lavín, sino también a quienes conformaron su núcleo de confianza en el Congreso. Entre ellos, Arnaldo Domínguez Vallejos, ex asesor parlamentario, señalado como intermediario en la emisión de las facturas. Según el testimonio de Silva, fue Domínguez quien le instruyó sobre cómo debían facturarse los servicios ficticios.
Hasta abril de 2025, Domínguez seguía recibiendo un sueldo mensual de $3,4 millones desde el Congreso. Fue desvinculado sólo tras estallar el escándalo.
Otro nombre que aparece en el expediente es el de Felipe Vázquez Diéguez, también ex asesor, quien —tras cesar su relación contractual en 2019— continuó prestando servicios a Lavín como proveedor de una plataforma web llamada Modo 74 o “SocialTazk”. Esta plataforma fue financiada con recursos del Congreso mediante más de 150 facturas, por un total que superaría los $75 millones.
Sin embargo, la plataforma quedó inutilizable en 2022, y los investigadores sospechan que su mantención fue otra fachada para canalizar fondos hacia fines personales o proselitistas. “En resumen, era una plataforma financiada por el Congreso que se usaba para fines electorales”, señaló una fuente con conocimiento directo de la indagatoria.
El posible desafuero
La querella del CDE, aunque aún no es acogida a trámite, representa un giro crucial en el caso. Hasta ahora, la causa había sido tramitada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. No obstante, la nueva presentación podría trasladarla al Séptimo Juzgado, cuya experiencia en delitos económicos es mayor, lo que podría influir en las medidas cautelares que enfrente Lavín Jr. si es formalizado.
El Ministerio Público, liderado en esta causa por la fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina, alista una solicitud de desafuero contra el diputado. La misma persecutora lleva adelante la investigación contra Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú y esposa del parlamentario, también querellada en causas por corrupción.
Una estrategia repetida
El patrón investigado en el caso Lavín Jr. guarda similitudes con otras prácticas ya vistas en la política chilena: uso de empresas vinculadas, facturas por servicios inexistentes, y rendiciones al Congreso como vía de financiamiento paralelo. La querella del CDE, así como la participación activa de la Municipalidad de Maipú como co-querellante, dan cuenta de la gravedad del caso y de las posibles derivadas judiciales para los implicados.
Mientras tanto, en el Congreso, el ambiente se tensiona ante la inminente decisión sobre el desafuero de Lavín Jr., cuya carrera política —como la de su esposa— podría estar llegando a su fin bajo el peso de las facturas falsas.
