En un nuevo episodio del Caso Monsalve, la Presidencia de Chile ha desatado un litigio legal al negarse a entregar correos electrónicos entre Miguel Crispi y Carlos Durán. Esta negativa surgió en medio de una investigación impulsada por el diputado Tomás Lagomarsino, quien solicitó acceso a estos correos para esclarecer el reemplazo de Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior.
Pese a la directriz del Consejo de Transparencia que ordenó la entrega de los correos, la Presidencia ha decidido desafiar esta instrucción, acusando al Consejo de Procedimientos Legales y Transparencia (CPLT) de actuar de manera ilegal. Esta situación no solo pone en tela de juicio la transparencia gubernamental, sino que también abre un debate sobre el acceso a la información pública y los límites de la privacidad en la administración pública.
El caso es un reflejo de las tensiones existentes entre las instituciones democráticas y la necesidad de mantener un equilibrio entre la transparencia gubernamental y el resguardo de la información sensible. Mientras tanto, los ojos están puestos en el desenlace de este litigio que podría sentar precedentes significativos en términos de acceso a la información en Chile.
