En un impactante descubrimiento, la contralora Dorothy Pérez ha revelado un masivo fraude relacionado con licencias médicas que compromete a unos 25 mil funcionarios públicos. Estos empleados habrían salido del país durante su período de reposo, elevando preocupaciones sobre el abuso del sistema de licencias entre 2023 y 2024.
La investigación, respaldada por el informe Consolidado de Información Circularizada (CIC), destaca la colaboración entre la PDI y la SUSESO para identificar a los infractores. Según Pérez, algunos médicos habrían facilitado estas acciones, emitiendo licencias médicas para que los funcionarios pudieran viajar o estudiar en el extranjero.
En respuesta a este escándalo, varios senadores han mostrado su apoyo a medidas severas y a una posible reforma legal. Entre las propuestas se incluye la implementación de penas de cárcel para los médicos involucrados en estas prácticas. Asimismo, se plantea la creación de una “ley corta” que refuerce las funciones de control de la Contraloría General de la República y las superintendencias correspondientes.
La situación subraya la necesidad de un sistema más riguroso y transparente para prevenir futuros abusos, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que las licencias médicas cumplan su propósito legítimo.
