En medio del creciente debate sobre el uso inadecuado de licencias médicas en el sector público chileno, ha surgido un caso relevante que ha capturado la atención mediática: la renuncia del juez Eduardo Fritz a la presidencia regional del Maule de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Este incidente se produce después de que su licencia médica coincidiera, de manera controvertida, con un período previamente solicitado de vacaciones.
Según fuentes involucradas, en marzo de 2023, Fritz había solicitado días libres para un viaje planeado a Colombia en mayo. Poco después de recibir la aprobación, sufrió una fractura en una pierna. La extensión de su licencia médica terminó superponiéndose con sus vacaciones, las cuales decidió tomar de todos modos.
El gremio de magistrados, a través de un comunicado, expresó su rechazo total al mal uso de licencias médicas, enfatizando la necesidad de esclarecer los hechos mediante las investigaciones en curso. La intención es determinar las posibles responsabilidades individuales en este caso.
Por su parte, en el Congreso, la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios ha mostrado su preocupación respecto a las investigaciones internas sobre el uso inadecuado de licencias en esa institución. Subrayan la complejidad que esta situación plantea, dado que el Congreso no es auditado por la Contraloría, que originalmente había revelado la problemática.
Una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, cuestiona la potencial intervención de la PDI para replicar las acciones de cruce de datos realizadas por la Contraloría. Los funcionarios argumentan que el Parlamento no está en posición de exigir información a la policía civil sobre el movimiento de los trabajadores, considerando la naturaleza diversa de los contratos de asesoría parlamentaria.
