La reciente decisión de no continuar con el caso Sierra Bella ha generado diversas reacciones en el ámbito político chileno, exponiendo una práctica recurrente: la utilización política de casos judiciales. El exministro Isidro Solís, integrante del partido Amarillos, afirmó que esta práctica ocurre en ambos lados del espectro político. En declaraciones para Cooperativa, mencionó el caso de Andrés Chadwick en el contexto de las grabaciones de Luis Hermosilla, donde Chadwick fue mencionado y acusado sin un pronunciamiento judicial concluyente.
Solís opinó que esta instrumentalización de los juicios se ha convertido en un defecto común de la clase política chilena, viendo en el Ministerio Público un problema estructural relacionado con el control. Por otro lado, Andrea Balladares, secretaria general de Renovación Nacional (RN), reconoció la legitimidad de la investigación en el caso Sierra Bella, evidenciando que surgió a raíz de un hallazgo de Contraloría, aunque la falta de pruebas suficientes llevó a la decisión de no perseverar.
Bárbara Figueroa, del Partido Comunista (PC), criticó la dilatación innecesaria del caso Sierra Bella, subrayando la falta de evidencia para imputar irregularidades. Contrapuso este caso con el de Chadwick en el tema Hermosilla, indicando diferencias significativas en su naturaleza y complejidad. Asimismo, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, señaló preocupaciones sobre el uso de filtraciones y querellas con fines políticos, observando similitudes con el caso relacionado a Irina Karamanos.
Estos comentarios reflejan cómo la política chilena enfrenta desafíos respecto a la mezcla de estrategias legales con fines partidistas, generando un debate sobre la transparencia y veracidad en la gestión de casos judiciales.
