El gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, ha implementado un decreto que modifica significativamente el derecho a huelga en el país. La medida establece nuevos parámetros obligatorios que impactan intensamente la dinámica laboral durante las huelgas, un elemento central del diálogo social y la protesta en la nación.
Con este nuevo decreto, se establecen umbrales mínimos para aquellos sectores que se consideran esenciales y deben seguir operando a pesar de los paros. De manera específica, servicios como la educación, la logística y la energía deben mantener al menos el 75% de su funcionamiento. Esta normativa ha sido recibida con una considerable controversia, sobre todo entre los sindicatos, que han catalogado la medida como inconstitucional y contraria a los derechos de los trabajadores.
La decisión llega en un momento en el que el presidente Milei ya enfrenta un clima políticamente tenso, siendo uno de los mandatarios que más huelgas ha enfrentado desde la restauración de la democracia argentina en 1983. Comparativamente, el anterior presidente, el peronista Alberto Fernández, no vivió una situación similar durante su mandato de cuatro años, lo que acentúa la diferencia en la gestión de las relaciones laborales entre ambos líderes.
Esta acción refleja un enfoque liberal de Milei en su intento por reestructurar las normativas laborales, buscando influir en sectores clave de la economía bajo un estricto control de operatividad aún en tiempos de huelga.
