En un incidente que resalta tensiones políticas en Chile, la senadora Fabiola Campillai ha decidido cortar relaciones con el actual Gobierno debido a lo que describe como inacción respecto al Proyecto de Ley de Reparación Integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. La medida fue tomada luego de que el presidente Gabriel Boric no cumpliera su compromiso de enero de responder sobre esta iniciativa legislativa.
El estallido social chileno, que ocurrió entre octubre de 2019 y marzo de 2022, dejó profundas cicatrices en la sociedad, con numerosos informes de violencia institucional que resultaron en lesiones, torturas e incluso fallecimientos de manifestantes. Frente a esta situación, el proyecto promovido por Campillai aboga por la creación de una Comisión de Verdad y Reparación, compuesta por siete miembros, con el fin de otorgar justicia y memoria a las víctimas y sus familias.
La senadora ha expresado su frustración ante lo que califica como desinterés del Ejecutivo, lo que refleja una creciente inquietud en ciertos sectores sociales y políticos sobre la gestión de los derechos humanos en Chile. Este desencuentro con la administración Boric expone las dificultades persistentes para cerrar las heridas del pasado reciente en un país todavía marcado por el deseo de cambio.
